Asistencia sanitaria pública ¿para todos?

El Santander facilitará el pago de la hipoteca de la vivienda habitual a los parados y a aquellos clientes de la entidad que sufran un importante descenso de sus ingresos, según ha anunciado el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, en la presentación de los resultados semestrales del banco. "Somos sensibles" a sus problemas, dijo.    Esta iniciativa se aplicará a partir del próximo mes de agosto y se articulará a través de una moratoria de tres años sobre el capital principal, con el fin de aliviar las dificultades de determinados segmentos de población a la hora de hacer frente al pago de su hipoteca en el actual contexto de crisis económica.    El consejero delegado del Santander explicó que además de los trabajadores que pierdan su empleo se podrán beneficiar de la medida aquellos particulares y autónomos clientes del banco que registren un descenso de sus ingresos del orden del 25%.    Según sus cálculos, la medida puede llegar a reducir la letra mensual de la hipoteca sobre la vivienda habitual a la mitad, hasta unos 300 euros en el caso de un préstamo por importe de 125.000 euros a un plazo de 25 años y con un diferencial de Euríbor más 0,7%.    Los tres años de carencia del capital principal se acumularían al final del plazo del préstamo, en los tres años siguientes, especificó el consejero delegado. "Es un alivio importante" de la carga, sostuvo, sin atreverse a cuantificar el impacto que la medida puede llegar a tener sobre las cuentas del banco. Becas universitarias El consejero delegado también aprovechó la presentación de resultados para anunciar una medida de apoyo a la creación de empleo a través de la concesión de becas a un total de 5.000 universitarios en un plazo de dos años en pymes relacionadas con el banco, que se haría cargo de un pago mensual de 600 euros.    El objetivo es facilitar el primer empleo a jóvenes con calificación universitaria, a los que el banco ayudará a buscar empleo en prácticas durante un plazo de tres meses en los ejercicios 2011 y 2012. "Confiamos en que un porcentaje alto de jóvenes, el 50%, continúen luego trabajando en la compañía", afirmó. La norma, que ha sido debatida y votada en la Comisión de Sanidad de dicha Cámara, con competencia legislativa plena, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo por el Partido Popular, que se abstuvo en la votación. De este modo, pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.     La universalización del SNS ha sido uno de los temas más aplaudidos después de que, aunque el objetivo inicial del Gobierno era impulsar este derecho mediante una ley específica, la ministra del ramo, Leire Pajín, y las comunidades acordaran en el último Consejo Interterritorial del SNS de la semana pasada incluirlo en esta norma.    De este modo, todos los grupos han acordado en una enmienda transaccional que la futura ley de Salud Pública extenderá el "derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico".    Esta medida afecta sobre todo a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos. En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea un hecho a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año. "Entonces podremos decir que nuestro sistema sanitario es equitativo, solidario y universal", ha recalcado la portavoz socialista Pilar Grande, quien reconoce que esta medida beneficia a cerca de 200.000 ciudadanos y conllevará un gasto para el sistema de entre 60 y 100 millones de euros al año.    Por otro lado, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.    Esta medida, sin embargo, ha sido criticada por la portavoz del Grupo Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ha lamentado que no se hayan concretado más qué servicios y qué cribados deberán ser comunes para todas las comunidades. "Hoy salimos de aquí sin una cartera que estamos esperando desde hace ocho años", ha espetado. El PP: la ley ha pasado de ser 'ultralenta' a 'express'   Igualmente, Pastor también ha criticado "las dos fases" que ha tenido esta ley desde que el Ministerio iniciara su redacción, ya que primero hubo una fase "ultralenta", "con un redactado de año medio que dejó más de un centenar de artículos en el camino y la destitución del anterior director general de Salud, Ildefonso Hernández".    En cambio, ha añadido la dirigente 'popular', desde su entrada en el Congreso en marzo de este año ha pasado a ser "una ley exprés" con la que "sólo ha habido prisas con el fin de poder aprobar una ley más".    "No se puede hacer en siete días lo que no se ha hecho en 8 años", ha advertido Pastor, insistiendo en que pese a estar disconformes con algunos puntos del texto seguirán "trabajando con lealtad por una sanidad integral, centrada en la prevención", cerrando su intervención despidiéndose de los miembros de esta comisión "por si es la última vez que interviene en ella".    El diputado del PNV Joseba Agirretxea, por su parte, ha lamentado la "falta de confianza en el autogobierno de las comunidades autónomas" que ha encontrado en algunos puntos de la ley, mientras que el presidente de la Comisión y diputado de IU, Gaspar Llamazares, se ha mostrado satisfecho después de que se hayan aceptado varias de las enmiendas que presentó para "mejorar sustancialmente" un proyecto inicial que, a su juicio, era "insatisfactorio". La ley Por otro lado, la futura ley también permitirá la creación de un Centro Estatal de Salud, que se encargará del asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado.    Asimismo, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico, y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones".    La ley también establece que a los profesionales sanitarios de la salud pública se les aplicará lo dispuesto en el título III sobre desarrollo profesional y su reconocimiento de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), definiéndose necesariamente la correspondiente carrera profesional.    Igualmente, se ha acordado la creación de la Red de Vigilancia de Salud Pública, un sistema que coordinará los diferentes sistemas de vigilancia ya existentes e incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las 24 horas del día. Su configuración y funcionamiento serán determinados a través de un reglamento.