Víctimas del DAS demandarán a Panamá ante la CIDH

Ante esa indiscutible determinación, que fue objeto de halagos por parte del presidente Juan Manuel Santos, la pregunta de cómo lograr la captura de Hurtado –quien se encuentra asilada en Panamá desde noviembre del año pasado– saltó a la vista. Se pensó entonces en solicitar al vecino país la extradición de la ex funcionaria; sin embargo, el presidente Ricardo Martinelli salió al paso de tales intenciones diciendo que "María del Pilar se queda aquí en Panamá", y ratificando que le mantendrá su condición de asilo territorial. De esta forma, la única salida viable jurídicamente es solicitar a la Interpol la emisión de una circular roja para su captura, pero ésta sólo podría hacerse efectiva si Hurtado sale Panamá. Esta decisión de Martinelli, de apoyar a Hurtado, no fue recibida con agrado por parte de las víctimas de las llamadas ‘chuzadas’ del DAS, quienes a través de su abogado, Luis Guillermo Pérez, dieron a conocer sus intenciones de demandar a Panamá ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en tanto que consideran que el Estado panameño está vulnerando sus derechos  (como víctimas) “a la verdad, a la justicia, y a la reparación, frente a crímenes que nosotros consideramos que son crímenes de guerra”. Pérez aseguró que lo único que está esperando para interponer la demanda es que el juez Ramírez resuelva y formalice el pedido de captura de Hurtado. Morales acusó a Hurtado de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. El próximo martes continuará la audiencia, que debe proseguir con el alegato de los abogados de Hurtado y del ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, también acusado por la Fiscalía. Además de la campaña de descrédito a la Corte Suprema de Justicia, el DAS realizó escuchas y seguimientos ilegales a políticos opositores al gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), periodistas críticos y líderes de Organizaciones No Gubernamentales. Una decisión con ‘pantalones’ El veredicto dictado por la fiscal, Viviane Morales; quien concluyó que el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS no se trató de un simple equívoco o una extralimitación de funciones, sino que existió una intención real y manifiesta de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, para cuyo fin se pusieron al servicio herramientas del Estado; es para los crítico la determinación la más importante que ha tomado la justicia sobre este escándalo, que comenzó hace tres años, cuando salieron a flote las primeras revelaciones. La Fiscalía se había convertido en uno de los pasos más difíciles de sortear. La investigación ya llevaba en el búnker más de dos años y era una verdadera papa caliente. Tanto que por cuenta de ella el país estuvo sin fiscal general en propiedad durante más de un año y medio. El temor a que la investigación de las 'chuzadas' quedara en manos de un fiscal aliado del entonces presidente Uribe era la verdadera razón de los magistrados para no elegir de las varias ternas que el gobierno envió. Para la fiscal Morales esa decisión es, por una parte, una prueba de independencia, pues en su momento se habló de que el presidente Juan Manuel Santos había concertado la terna para fiscal con su antecesor, el presidente Uribe. Y de otra parte, la fiscal demuestra que no le tembló la mano para resolver uno de los más espinosos casos que fiscal alguno pueda tener. En todo caso, lo que es seguro es que al ex presidente Uribe le tuvo que parecer un golpe bajo la felicitación pública que hizo el presidente Santos tanto a la fiscal como al procurador. A los dos días de conocerse la decisión, el primer mandatario destacó la función que vienen cumpliendo, porque, según él, "están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias sin importar a quién toquen". Tanto sería así, que un día después del pronunciamiento de la fiscal, Uribe solicitó a la Comisión de Acusaciones, a través de su abogado, que lo escuchara en versión libre en la investigación de las 'chuzadas'. Seguramente su versión coincidirá con la que han presentado tanto Bernardo Moreno como María del Pilar Hurtado, en el sentido de que lo que la Fiscalía considera una conspiración contra la Corte no era más que un intento por establecer si podía haber nexos de algunos magistrados con el narcotráfico. De todas formas, lo cierto es que en los últimos días la suerte en el terreno judicial no parece sonreírle al ex presidente, pues ya son 14 los altos funcionarios de su gobierno con investigaciones abiertas: cuatro de los ministros más cercanos, cuatro de sus directores del DAS y seis miembros del sanedrín de sus tres últimos años de gobierno.