Desde la objetividad más ecuánime o desde la subjetividad más personal, lo que está haciendo la Junta de Andalucía y el Grupo parlamentario socialista en la Cámara andaluza con el asunto de los EREs es harto ridículo, digno de una comedia costumbrista de los Quintero o de una novela surrealista de Kafka. Ridículo si no fuera porque se están mofando de todos los andaluces cuya voluntad política tienen secuestrada desde hace treinta años negándose en redondo, con sus mayorías absolutas o relativas, a abrir las ventanas para que entre el aire del exterior, el que se respira en la calle de los pueblos y las ciudades andaluzas. El Parlamento andaluz vive preso de una endogamia malsana que no conduce a nada. No es de extrañar que los andaluces desconozcan casi por completo quiénes son sus representantes y qué es lo que hacen en el imponente edificio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
Los socialistas asumen el Parlamento como algo propio, una especie de cortijo que han venido heredando durante más de tres décadas y en el que siempre han hecho lo que han querido sin tener en cuenta que, también allí, están representados todos aquellos andaluces que han votado otras alternativas políticas, aunque estén de meros espectadores de un lamentable espectáculo. Toda la oposición, tanto el PP como IULV-CA, le ha pedido que se cree una Comisión de Investigación parlamentaria que analice el escándalo de los EREs y su rotunda negativa, una vez más, tiene la infantil excusa de que esta Comisión sólo serviría para que el PP sacara tajada en los medios de comunicación. Y no es eso. La negativa de los socialistas a crear una Comisión de Investigación de los EREs fraudulentos responde sólo al miedo que tiene el PSOE a la luz y a los taquígrafos, a que la Cámara andaluza ejerza la potestad que debería tener de investigar cualquier anomalía que se produzca en el seno del Gobierno. Eso simplemente sería aplicar una normalidad democrática a la que, desde luego, los andaluces no estamos acostumbrados después de casi medio siglo de gobiernos monocolor en la Junta, las diputaciones y la mayor parte de los ayuntamientos. Digo yo que hasta el mejor de los caviares cansa y produce hartazgo si se repite tan asiduamente y durante tantos años
Y si ésto ocurre con el poder legislativo, otro tanto pasa con el tercer poder, el judicial. Efectivamente, como anunció en su momento Alfonso Guerra, "Montesquieu ha muerto". Muerto y enterrado bajo toneladas de escombros. Algunos socialistas creen que sobran todos los controles que se ha dado la democracia y que el Ejecutivo debe tener las manos libres para hacer lo que le venga en gana sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos. Así, no es de extrañar que se echen las manos a la cabeza cuando una jueza independiente le pide a la Junta las actas de los Consejos de Gobierno para comprobar si el Ejecutivo estaba al tanto de los informes de la Intervención General de la Junta que ponían en entredicho los famosos expedientes de regulación de empleo falsificados.La pregunta es ¿si, tal y como reitera el presidente Pepe Griñán en el Parlamento, no tienen nada que ocultar por qué no las facilitan? Me da a mí que en esas actas tan "secretas" hay mucha tela que cortar y que quizás en ellas esté demostrado que no sólo era el consejero de Empleo quien conocía los EREs fraudulentos, sino el resto del Consejo de Gobierno, incluído sus presidentes, Chaves o Griñán. No es de extrañar que, ante la petición de la jueza Alaya, el PSOE haya puesto el grito en el cielo y se defienda como gato panza arriba. Poner el foco sobre estos papeles, sacarlos a la luz pública, puede ser como firmar la sentencia de muerte de un Gobierno que, dadas las circunstancias, parece tener los días contados.