Mazuco y Pilieri no tendrían inmunidad parlamentaria

Sin embargo, la Constitución Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 200: "Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia".

De acuerdo con el informe, en el caso de Alemán instan a que se le siga el procedimiento judicial y advierten que su inmunidad "no puede ser excusa en ese proceso que se encuentra en curso".

Los diputados Carlos Escarrá e Iris Varela, integrantes de la comisión, en el informe dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, fundamentaron su decisión en una sentencia de la Sala Plena del TSJ, de fecha 09 de noviembre de 2010, según la cual en la Constitución vigente, de 1999, "no hay referencia alguna a la suspensión de los juicios en los que se investigue o procese a un diputado a la Asamblea Nacional, lo cual debe entenderse como la consolidación de un modelo de inmunidad que persigue evitar la detención con fines políticos, es decir, con el fin de modificar la composición de la Asamblea o de evitar que se tome una determinada decisión, y no una inmunidad que tenga como propósito evitar el enjuiciamiento de los parlamentarios".

Al establecerse dos tipos de inmunidad, dice el informe, bajo este segundo tipo "se aleja la posibilidad de que se suspendan los procesos contra los parlamentarios que se hubiesen abierto antes de haber sido electos, pues, la razón de que se les proteja, conforme a los principios que lo animan, radica en la posibilidad de que el órgano legislativo no sufra cambios inesperados en su composición, o se vea imposibilitado de tomar una decisión debido a lo inadvertido de dichos cambios. Es decir, es una defensa del ejercicio de sus funciones por el propio parlamento, y no una garantía para el ejercicio personal de las funciones del parlamentario".