Según publican los periódicos 'Última Hora' y 'Balears', en una providencia Castro indica que, a raíz de los datos con los que cuenta por el momento, hay indicios racionales de que el arquitecto "pudiera haber resultado ilícitamente favorecido al ser administrados de la empresa que desarrolló la redacción y presentación de un anteproyecto para la construcción de un edificio emblemático destinado a las artes escénicas".
En concreto, el anteproyecto de la ópera de Palma costó 1,2 millones de euros al Ejecutivo balear pero no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones.