En primera instancia a través de un órgano instructor, que llevará a cabo las investigaciones y propondrá la determinación de castigos; y también mediante un órgano sancionador que impondrá o desestimará las penas planteadas. Ambos órganos poseerán autonomía técnica en sus actuaciones respetando el derecho a defensa y el debido proceso administrativo.
En la segunda instancia, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, se resolverán las apelaciones presentadas contra las decisiones del órgano sancionador.
La sala de este tribunal superior estará conformada por cinco miembros que serán elegidos por concurso público de méritos, por un período de cinco años. Las entidades públicas, sus funcionarios y las personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas con el caso materia de investigación están obligadas a atender cualquier requerimiento efectuado para el esclarecimiento de los hechos.
Para la determinación de responsabilidades derivadas de la acción de control deberá brindarse a las personas comprendidas en el proceso la oportunidad de conocer y hacer sus aclaraciones sobre los fundamentos que se hayan considerado.
Asimismo, de identificarse responsabilidades de tipo civil o penal, las autoridades competentes, de acuerdo con la ley, iniciarán ante el fuero respectivo las acciones legales que correspondan. Una 'revolución' El contralor, Fuad Khoury, consideró que la referida norma “va a marcar la diferencia entre el hoy y el mañana, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción”.
Según explicó, esa norma revolucionará la lucha contra la corrupción, al impedir que los funcionarios públicos investigados por algún acto irregular, permanezcan en sus cargos con la posibilidad de seguir cometiendo actos ilegales.
Por otro lado, el presidente García aseguró que el crecimiento económico del país debe acompañarse de la mayor transparencia y probidad del uso de los recursos públicos.
“Y en ese sentido, en el afán de librar al Gobierno de cualquier tipo de actos de corrupción o infracciones, hemos respaldado a la Contraloría en múltiples ocasiones, para que ingrese con mayor facilidad y transparencia al análisis del uso de los recursos públicos”, indicó.
Un tema que no debe caer en el olvido, agregó el presidente, es la Ley de Lavado de Activos dada por el Congreso; “pero más instrumentalmente la norma que permite que la Contraloría sea la que designe y pague a los funcionarios que hacen control en todas las instituciones públicas”.
“En tanto eso no fuera real no habría una verdadera imparcialidad del funcionario que recibe su sueldo de aquel al que debe fiscalizar, y en eso hemos dado un paso fundamental”, sostuvo.
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