DDHH, inscripción automática y antenas de celulares

La Nación titula esta mañana con la arremetida contra la Diputada Karla Rubilar (RN) quien denunció públicamente la existencia de más "falsos desaparecidos", cuestionando la veracidad del Informe de Verdad y Reconciliación de 1991. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió que la diputada fuera destinuida de la presidencia de la Comisión de DDHH de la cámara y anunció que la familia Recabarren, una de las afectada, estudia querellarse por injurias en contra de la parlamentaria.

Si bien La Moneda ya había reconocido cinco errores de un total de 2.296 casos calificados, el gobierno había llamado a los partidos de derecha a no politizar "una verdad histórica incuestionable". Pese a ello, y aludiendo a que sólo cumplía con informar los antecedentes que le habían sido entregados por supuestos testigos, la diputada entregó al Subsecretario del Interior, Patricio Rossende, los antecedentes que recopiló en relación a cuatro nuevos casos supuestamente cuestionables, entre ellos el de Luis Emilio Recabarren, hijo de una de las fundadoras de la AFDD, Ana González (83 años), quien perdió a cuatro miembros de su familia a manos de la DINA.

La parlamentaria no habría cotejado la información recibida con los antecedentes reunidos por la justicia, confundiendo a Luis Emilio Recabarren González con un nieto de González y quien, a los ocho años escapó de la redada de la DINA que hizo desaparecer a la casi totalidad de su familia. La AFDD se reunió ayer con el vocero de gobiermo, Francisco Vidal, para manifestar su indignación por la conducta de la parlamentaria. “Quien justifica y niega la existencia del terrorismo de Estado es partícipe de la apología del terrorismo”, sentenció la presidenta de AFDD, Lorena Pizarro. Además, solicitaron perseguir la responsabilidad de los supuestos testigos que dijeron haber visto a Recabarren.

La Tercera, informa que el gobierno alista plan para registrar a 3,8 millones de electores no inscritos en los registros electorales luego de que el Senado aprobara la reforma constitucional que estipula la inscripción automática y el voto voluntario. El martes pasado, el Ejecutivo comenzó a desplegar una estrategia para que las modificaciones estén operativas en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. Lo primero que decidió fue ingresar la próxima semana a la Cámara Alta una ley orgánica que definirá el mecanismo con que operarán las iniciativas. El padrón electoral definitivo sería confeccionado por el servicio con 120 días de anticipación a la fecha de las elecciones. Luego se abrirá un periodo de reclamos y aclaraciones. La nómina final de votantes se publicará al menos 30 días antes de la elección.

También en portada, La Nación destaca la guerra contra la “avalancha” de antenas de celulares que han empredido diversas organizaciones ciudadanas, que acusan un explosivo aumento de instalaciones ante inminente aprobación de una norma más estricta. A pesar de que más de diez proyectos para regular su instalación han fracasado, el último podría concretarse y permitir la participación ciudadana. Si bien la Subsecretaría de Telecomunicaciones no registra un aumento considerable de autorizaciones, vecinos denuncian una suerte de fast track para instalar antenas antes que la ley sea aprobada y piden protección.

Por su parte, en el plano económico, El Mercurio destaca el leve repunte experimentdo por los multifondos previsionales en diciembre de 2008. Sin embargo, se mantiene negativo el cierre del año como consecuencia de la crisis financiera internacional. Todas las opciones del sistema tuvieron rentabilidades positivas en diciembre, poniendo fin a una racha negativa que se extendió por los últimos ocho meses. A pesar de ello, desde la creación de las AFP en 1981, la rentabilidad promedio de estas empresas se ha mantenido en un 8,8%, afirma El Mercurio.