Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña han informado que han llegado a un acuerdo sobre la adopción de un segundo vuelo semanal, de una compañía aérea extranjera con destino a las Islas Malvinas, desde y hacia San Pablo, Brasil, y con una escala mensual en la ciudad de Córdoba.
La información, que fuera transmitida con un aire positivo -se llegó a hablar de un “triunfo diplomático” del Palacio San Martín- que saluda de manera simplista una mayor conexión de los archipiélagos usurpados desde 1833 con el territorio continental argentino, a semejanza de lo que ocurrió durante las décadas anteriores al conflicto armado de 1982.
Pero este anuncio esconde una primera de muchas falacias: el acuerdo si bien habría sido bilateral, dado que solo existen dos partes en la disputa, la última palabra la habría tenido un tercer actor, a saber: el ilegítimo gobierno isleño.
Según la informacion suministrada por la Cancillería argentina, este segundo vuelo regular a las Islas Malvinas -el primero, por un acuerdo de julio de 1999, que hace una escala mensual en Río Gallegos- será operado también por la empresa LATAM.
Este beneficio hacia los isleños fue obtenido gracias a la “nueva”, pero no novedosa, política de acercamiento hacia el Reino Unido adoptada por la actual administración del Presidente Macri en relación a la Cuestión Malvinas, la cual alcanzó su punto máximo con la adopción del acuerdo internacional conocido como “Acuerdo Foradori-Duncan” del 13 de septiembre de 2016. Dicho acuerdo, que no contó con la aprobación del Congreso Nacional como indica nuestra Carta Magna, retoma la política del “paraguas de soberanía” de la década de los ́90, mediante la cual permite a las partes negociar sobre todos los aspectos accesorios de la Cuestión Malvinas pero dejando de lado la parte esencial: la disputa de soberanía.
La empresa elegida para operar este segundo vuelo será LATAM Brasil uniendo semanalmente San Pablo (Brasil), en vuelo directo, con Monte Agradable (Malvinas), y el tercer miércoles de cada mes hará una escala en el aeropuerto Taravella, de la ciudad de Córdoba.
Lo primero que tenemos que preguntarnos, ante este inexplicable triunfalismo diplomático, es ¿para qué la Argentina le otorga a las ilegítimas autoridades isleñas la autorización de una segunda conexión aérea semanal?
La elección del aeropuerto de Córdoba responde solo y únicamente a las demandas del gobierno isleño, que se ha resistido largamente, y de manera cerrada, a que la escala de cualquier conexión aérea sea la capital argentina.
El objetivo común del Gobierno británico y de la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur pero excluyendo siempre a la Argentina continental. En consonancia, los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico- política isleña.
La primera conclusión a la que el lector puede arribar es qué en este acuerdo, anunciado con bombos y platillos, los isleños han logrado lo que buscaban. En dos años de negociaciones, obtuvieron del gobierno argentino el ciento por ciento de sus demandas. ¿Para eso negoció Argentina todo este tiempo?
La otra gran pregunta en esta instancia, con la disputa de soberanía por las Malvinas como telón de fondo, cae de maduro: ¿qué beneficios reporta este segundo vuelo al objetivo central e irrenunciable de recuperar el efectivo ejercicio de la soberanía sobre las islas? Y la respuesta es: ninguno. Al contrario, un nuevo perjuicio.
Desde 2003, la Argentina ha presentado la propuesta de establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Pero siempre recibió la negativa rotunda del gobierno británico.
Ahora, resulta que el gobierno nacional termina aceptando que no se trate de un vuelo directo a la Argentina continental, sino de una simple escala. Y, por si fuera poco, que el prestador de ese vuelo tampoco sea una aerolínea de bandera argentina.
Para rematar esta pésima faena diplomática, el gobierno argentino aceptó ir en conjunto con el del Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo con ese tercer país.
La situación es política y diplomáticamente indisimulable: este segundo vuelo es una necesidad de la dirigencia isleña y su posible concreción responde, únicamente, a una concesión argentina de buena voluntad, teniendo en cuenta que la mentada autorización requiere indefectiblemente de una autorización argentina.
Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen por derecho ninguna capacidad decisoria en esta cuestión, que es y seguirá siendo de exclusiva competencia nacional.
Entonces, al aceptarse que el aeropuerto de la nueva escala sea Córdoba, en lugar de Buenos Aires, y que el destino final sea San Pablo, se están convalidando también todas las imposiciones isleñas y se dejá de lado lo único que debiera haber reflejado un anuncio oficial de este tipo: el interés nacional.
La espina a remover durante la negociación fue siempre la misma; una cerrada oposición de los representantes isleños a que, en principio, el avión hiciese una parada en territorio argentino, y, más tarde, la negativa a que la escala fuese en Buenos Aires. Los "hard liners" (línea dura o halcones) isleños buscaron negar la posibilidad de una "ola turística argentina" en suelo malvinense, por eso bloquearon a todo costo la escala en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Y lo lograron.
Por Jorge Argüello
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