La juez María Núñez Bolaños ha declarado de especial complejidad otras tres piezas de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, lo que le permitirá disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, después de que la pasada semana declarase de especial complejidad la pieza relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la magistrada ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción el 10 de diciembre de 2015 y ha declarado la complejidad de las piezas relativas a los consorcios públicos de formación de la Junta Ciomijas, Forman y CTI.
La instructora, que el 21 de diciembre de 2015 dividió la causa en nueve piezas separadas, ha dictado tres autos en los que declara la especial complejidad de estas tres piezas por los mismos motivos que ya esgrimió en el caso de la pieza relativa al SAE.
En el caso del SAE, la instructora señalaba que, después de dividir la causa en nueve bloques, el objeto de la pieza relativa al SAE "es el favorecimiento concertado y dirigido desde la Consejería de determinados empresarios mediante la expedición de certificados de finalidad realizados por las partes investigadas y la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General, en cuya elaboración participarían presuntamente las mismas".
De este modo, la juez añade que "se investiga a un grupo u organización criminal, con numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados o víctimas que exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas", por lo que "es indudable que procede acceder a la petición formulada por el Ministerio Público".
En la pieza relativa al SAE, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la juez Núñez en el que le pide que cite a declarar a un total de 13 personas en calidad de investigadas, entre ellas los exconsejeros de Hacienda y de Empleo Ángel Ojeda y Antonio Fernández, respectivamente.
Además, también a petición de la Fiscalía, la juez está trasladando a las partes implicadas en esta investigación la posibilidad de acordar que las cinco piezas restantes en que dividió la causa sean asimismo declaradas "complejas" y pueda disponerse también de 18 meses para instruirlas.
De este modo, las piezas que todavía no han sido declaradas complejas son las relativas a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y a José María Pérez González; al consorcio público de formación de la Junta Formades, y a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
En un escrito elevado al Juzgado en diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto Patiño, consideraba que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad".
El fiscal, que hizo esta petición antes de que la juez dividiera la causa en piezas, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "se considerará que la investigación es compleja" cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.
En este sentido, el Ministerio Público señala que la causa de los cursos de formación "presenta todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial" estos cuatro primeros apartados y "particularmente" el quinto que establece dicha ley, como es que la causa implique la realización de actuaciones en el extranjero, pues la investigación conllevará "una labor revisora y de análisis especialmente complejo".
La Fiscalía explica que el nuevo artículo 324 de la Ley diseña un modelo de plazos de la instrucción "que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad", de manera que se fija un plazo general de duración de la instrucción de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja, añadiendo que el sistema de prórrogas de hasta 18 meses adicionales "es aplicable exclusivamente a instrucciones complejas".
PRÓRROGA
En este sentido, pone de manifiesto que, "tanto en las causas ordinarias como en las complejas, es posible fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción cuya extensión temporal no está limitada por la nueva disposición legal", y en este punto explica que la declaración de complejidad "debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses".
De este modo, el propio instructor "puede dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción", mientras que "tampoco existe obstáculo alguno para que si las circunstancias que justifican la declaración de complejidad de la instrucción, la prórroga o la fijación de plazo máximo son apreciadas 'ab initio', pueda declararse la complejidad, acordarse la prórroga o fijarse el plazo máximo desde el momento en que consten las mismas, sin necesidad de agotar los plazos legales".
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