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El Consejo de Alcaldes de Zamora presenta alegaciones al proyecto de Reforma Local del Gobierno

El Consejo de Alcaldes de Zamora pedirá al Gobierno una nueva financiación local que tenga en cuenta la diversidad poblacional y geográfica para favorecer el desarrollo del mundo rural, dentro de las alegaciones al Proyecto de Reforma Local del Gobierno, y pide que se considere a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como interlocutora y legítima defensora de la realidad de los municipios.


Es una de las conclusiones que se han tomado tras la reunión de este lunes del Consejo de Alcaldes de la provincia de Zamora, en el que están representados los 248 ayuntamientos de la provincia, para debatir y consensuar las alegaciones que han decidido presentar al anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.


Como ha explicado su presidenta, Manuela Crespo, se trataba de "defender los intereses de la población del medio rural que sale más perjudicada en este proyecto de ley", y tras un debate intenso tanto el PSOE como el PP han llegado a un acercamiento que se ha materializado en una serie de alegaciones.


Además de pedir que la FEMP sea la legítima defensora de los municipios ante el Gobierno y solicitar una nueva financiación local, los alcaldes han mostrado su disconformidad con el reparto competencial de educación y sanidad.


También han pedido la retirada del artículo donde se contempla la posibilidad de intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplan con las exigencias de la ley en lo que se refiere a la presentación de cuentas, teniendo en cuenta que la Ley de estabilidad presupuestaria ya contempla esta posibilidad para el conjunto de las administraciones públicas, incluidas las Comunidades y Entidades Locales.
CONTRA EL COSTE "ESTÁNDAR" DE LOS SERVICIOS

En cuanto al coste "estándar y unitario" de los servicios, los alcaldes han considerado que demuestra un "desconocimiento de la realidad de los pequeños municipios" y han pedido que sea fijado por Ley y con la participación de la FEMP.


También han descrito de "injusto" el limitar a cero el sueldo de los alcaldes de menos de mil habitantes, ya que en la actualidad son "una minoría" los que lo cobran, y piden que no "se castigue" con limitaciones totales a los que precisamente han sido más austeros.


Además han creído "escaso" el plazo establecido de tres meses para las entidades locales menores en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y ampliarlo.


Respecto a las alegaciones de las comunidades autónomas a la reforma local, y en concreto de la Junta de Castilla y León, se han mostrado conformes con las que suponen una defensa del municipalismo de Castilla y León, pero en desacuerdo con los fundamentos jurídicos y alegaciones de fondo en torno a las competencias sobre educación, sanidad y servicios sociales, que reiteran, "deben ser ejercidas y financiadas por la Comunidad Autónoma".


Por último, en lo que se refiere a la asunción de competencias por las diputaciones provinciales, los alcaldes han subrayado que debe ser circunscrito "a competencias que tengan garantizado generar economías de escala", que sean "en beneficio de los ciudadanos" y que por razones "concretas y determinadas" no puedan ser asumidas por las corporaciones locales, como agua, caminos rurales o recogida de basuras.


En este caso los alcaldes han opinado que no debe existir autorización de la Comunidad Autónoma como pide en sus alegaciones la Junta de Castilla y león, sino solamente informe como establece la Ley.
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