Aprobado el proyecto de Ley del Diálogo Civil para potenciar la "acción" de la sociedad y reducir la "política"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de Ley del Diálogo Civil, que se remitirá a las Cortes para su aprobación, el cual pretende servir para la "acción" y ampliar el espacio de la sociedad civil para su participación y reducir el de la política.

Así lo ha explicado el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha presentado este proyecto, el primero de estas características que impulsa una comunidad autónoma que tiene como objetivo principal la participación de la sociedad civil democráticamente organizada.

De Santiago-Juárez ha afirmado que así se da "un paso más" en la participación y el diálogo, una "seña de identidad" y que está en el "ADN" del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y ha añadido que "las democracias del siglo XXI no se pueden sentir satisfechas con que los ciudadanos voten cada cierto tiempo".

El proyecto regula tres fórmulas de participación ciudadana como son el propio diálogo civil, las iniciativas ciudadanas y las consultas populares no referendarias. Las dos primeras son totalmente nuevas y la tercera se recogía en el Estatuto de Castilla y León y ahora se desarrolla. En los tres casos, el ámbito de aplicación se circunscribe al Gobierno y a la Administración de la Comunidad, desde el máximo respeto a la autonomía de las entidades locales.

El nuevo texto legal recoge que participarán en el diálogo civil las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación que existen en las distintas áreas de actuación de la Junta -unos 30, en los que tienen presencia 240 organizaciones sociales, aproximadamente-, y da un nuevo impulso a dichos órganos, que hasta ahora solían intervenir solo al final de los procesos y de forma un tanto rígida.

Obligación

El diálogo civil será obligatorio en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, donde las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación podrán realizar aportaciones desde el primer momento.

En otros procesos de toma de decisiones, se iniciará el diálogo si una norma concreta así lo exige o la propia Administración lo estima necesario. El diálogo civil será ágil y dinámico, de manera que no se retrasen las actuaciones, y no significará incremento alguno en el gasto público.

El consejero ha aclarado que la nueva forma de participación, este "diálogo para la acción", no hay que mezclarlo con el Diálogo Social, ya que ambos son distintos en sus procedimientos -en el diálogo civil no hay negociación, como en el social, sino participación-, en sus órganos -el Consejo del Diálogo Social, por un lado, y los órganos de participación de las distintas consejerías, como el Consejo de Salud, el Consejo Escolar, etcétera- y en sus interlocutores -en el social, solo las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, mientras que en el civil, además, todas las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación-.

Como novedad, se regula la posibilidad de que se alcancen acuerdos del diálogo civil, aunque estos no son el objetivo primordial del diálogo. Un proceso de diálogo civil sobre la elaboración de una norma no acabará con un acuerdo, sino con una norma elaborada en la que han participado, desde el principio y de forma muy dinámica, las organizaciones de la sociedad civil.

Los acuerdos son una posibilidad adicional, pensada para ayudar a resolver problemas específicos que puedan plantearse. Ya ha habido, en la práctica, pactos civiles similares en Castilla y León, en temas como la violencia contra las mujeres o el carácter público del Sistema de Salud, ha recordado De Santiago-Juárez.

El proyecto contempla también la creación de una Plataforma del diálogo civil que supondrá un aumento de la transparencia, pues en ella estará toda la información sobre el trabajo de los órganos de participación y el diálogo civil.

Iniciativas ciudadanas

El Proyecto regula, en segundo lugar, las iniciativas ciudadanas, que pueden ser de dos tipos: iniciativa reglamentaria ciudadana e iniciativa de formulación de estrategias, planes o programas. Se trata de una figura nueva, que hasta ahora no es efectiva en ninguna comunidad autónoma.

Tanto los ciudadanos de Castilla y León -un mínimo de tres- como las organizaciones de la sociedad civil podrán formular estas iniciativas, presentando un texto completo de la norma reglamentaria o del plan que propongan y una memoria justificativa. La consejería competente admitirá a trámite la solicitud si cumple todos los requisitos.

De ser así, la remitirá a las organizaciones sociales presentes en el órgano de participación que corresponda por razón de la materia. La iniciativa continuará su tramitación si recibe el apoyo de 4/5 de dichas organizaciones. De esta forma, frente a la iniciativa legislativa popular, donde el filtro es la exigencia de un número de firmas, en este caso el filtro serán las organizaciones de la sociedad civil.

La tramitación posterior será como la de cualquier proyecto, pero partiendo del texto presentado, en el que la Administración podrá introducir las modificaciones necesarias, en función de los informes que se recaben y en ejercicio de sus propias potestades.

Consultas

La tercera figura que regula el proyecto son las consultas populares no referendarias. Esta expresión se refiere a que las consultas no tienen la naturaleza de referéndum, figura cuya regulación está reservada al legislador estatal y que además se dirigen a todo el cuerpo electoral.

Lo único que pueden regular los parlamentos autonómicos, según el Tribunal Constitucional, son las consultas que no se dirigen al conjunto de los ciudadanos, sino solo a un determinado colectivo.

El proyecto parte de la base de que estas consultas no deben realizarse mediante votación, sino que tendrán un desarrollo fundamentalmente telemático. A este respecto, el consejero ha asegurado que los técnicos han señalado que es "muy fácil" tener controlada esta cuestión.