Iratxe García pide un marco jurídico propio para territorios con despoblación y no mirar sólo el PIB al repartir fondos

La eurodiputada socialista Iratxe García ha reclamado que los territorios afectados por la despoblación dentro de la Unión Europea cuenten con un marco jurídico propio como ya tienen las regiones septentrionales del continente, al tiempo que ha defendido atender a más criterios que el PIB de cada zona a la hora de repartir los fondos comunitarios.

Éstas han sido algunas de las principales propuestas que García ha defendido ante la Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León, donde ha comparecido este jueves para presentar el informe sobre cambio demográfico que el Parlamento europeo aprobará previsiblemente en el Pleno de este mes de noviembre.

La europarlamentaria ha situado la cuestión demográfica como "el mayor reto" al que se enfrenta la Unión Europea, ya que de acuerdo con las últimas estadísticas de Eurostat la población en edad de trabajar dentro de la Unión pasará del 66 por ciento del total de habitantes registrado en 2014 al 56 en 2080, en tanto que los mayores de 65 años pasarán de representar el 19 por ciento alcanzado en 2014, al 29 en 2080.

También ha señalado García cómo, además de los territorios septentrionales de Europa tradicionalmente con menor densidad de población, "son muchas las regiones que afrontan pérdida o envejecimiento de sus ciudadanos, como ocurre en zonas de Países Bálticos, Rumanía, Bulgaria, Alemania, Eslovaquia y Croacia, a las que se suman el sur de Italia, las regiones insulares de Francia y la península ibérica. Concretamente, se ha referido a los datos del Instituto Nacional de Estadística que apunta a que la mitad de los pueblos españoles "está en riesgo de desaparición".

Para abordar esta cuestión, la política socialista ha defendido que lo primero es conseguir que estos territorios "estén representados" en los foros donde se aborden las posibles soluciones y ha clasificado en cuatro los principales problemas de la Unión Europea relacionados con el cambio demográfico, como son la baja densidad de determinados territorios, el envejecimiento de su población, la caída de la natalidad y la pérdida de población, agravada en algunos casos por la emigración.

Frente a esto, ha abogado por una dotación de fondos a nivel europeo que se destine a medidas para "priorizar el empleo de calidad", desarrollar infraestructuras en estos territorios, universalizar el acceso a las nuevas tecnologías y su conectividad, garantizar la prestación de servicios en todas las zonas, asegurar una red de transporte a nivel local, disponer de ayudas para la emancipación de los jóvenes y de apoyo a las familias y a la natalidad, favorecer la conciliación y la atención a la dependencia, políticas de acogida e inserción de inmigrantes y de población retornada y difusión de nuevos marcos más atractivos de comunicación de la ruralidad.

Iratxe García también ha apostado por recurrir a fondos comunitarios como el Feder, el Feader o el Fondo Social Europeo para "combatir el éxodo rural" y ha advertido de la necesidad de lograr una "mayor coordinación" de los instrumentos de la Unión y de las distintas administraciones para que estas políticas resulten eficaces.

Defensa de la PAC

En este sentido, ha subrayado la importancia de la Política Agrícola Común (PAC) con independencia de que "pueda contribuir mejor a la lucha contra la despoblación", por lo que ha llamado a defenderla en Bruselas y Estrasburgo ante quienes propugnan su desaparición.

Así, la eurodiputada ha pedido a todos los partidos representados en las Cortes de Castilla y León que defiendan ante sus respectivos grupos en el Parlamento europeo el apoyo a estas medidas. "Tenemos que hacernos fuertes", ha aseverado.

García ha pedido "valentía" a todos los políticos a la hora de "establecer prioridades" y ha llamado a "sumar esfuerzos" ante negociaciones como la que se desarrollará en 2018 para fijar el marco presupuestario de la Unión Europea.

Su compañera socialista Virginia Barcones ha intervenido en la Comisión para advertir de que la efectividad de esos fondos europeos resulta "escasa" si no van acompañados de "políticas adecuadas" a nivel local y regional, tras lo que ha acusado a la Junta de Castilla y León de "tirar la toalla" con un proyecto "agotado".

Por su parte, el procurador 'popular' José Manuel Fernández Santiago ha pedido "no perder tiempo en discursos que no construyen" y ha enfatizado que se trata de un "problema global" al que en el conjunto de Europa "no se ha dado una respuesta desarrollada".

Cambio de enfoque

En representación de Podemos, la procuradora Adela Pascual ha reclamado un "cambio de enfoque" para pasar del actual "agrarista y sectorial" a uno "territorial e integral", en lugar de apostar por "las mismas políticas ineficaces" que se desarrollan desde hace años.

Asimismo, ha reclamado medidas de apoyo a la actividad agraria y a la incorporación de nuevos productores, así como políticas de igualdad en el medio rural, al tiempo que ha aprovechado para criticar los acuerdos de libre comercio trasatlántico como el ya aprobado CETA con Canadá o el pendiente TTIP con los Estados Unidos, por su repercusión "negativa" para el medio rural.

Por último, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha evidenciado la falta de "agilidad" en las políticas aplicadas contra este fenómeno demográfico y ha reclamado más infraestructuras que permitan la comunicación del medio rural, como la construcción de la autovía A-11, que por su carácter estratégico ha considerado un "asunto europeo".

Delgado también ha relacionado las cifras de natalidad de España y Alemania con las ayudas que se conceden en uno y otro lugar, tras lo que ha advertido de que en otras zonas desarrolladas como Estados Unidos y Canadá "la gente sí puede vivir en el medio rural", pero "no con redes de comunicación tercermundistas" como, a su juicio, tiene Castilla y León.