El TS pide los documentos que esgrime Griñán para avalar transferencias de financiación

 El Tribunal Supremo ha solicitado la documentación que, según el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, demostraría que el Parlamento andaluz validó el sistema de ayudas y rebatiría el último informe de la Intervención General del Estado (IGAE).

   El magistrado encargado de instruir la causa que investiga los ERE en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, ha reclamado a la Junta de Andalucía, el Parlamento autonómico y la juez Mercedes Alaya que le remitan los documentos que el Consejo de Gobierno proporcionó para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003.

   La defensa del expresidente pretende rebatir a los peritos de la IGAE, que defienden en su informe que se indujo a error al parlamento al elaborar las leyes de presupuestos, y demostrar que la finalidad de la partida presupuestaria a través de la cual se canalizaron las ayudas --el denominado programa 31L-- "estaba claramente establecida desde un principio, y era totalmente conocida y aprobada por el Parlamento de Andalucía" cuando aprobaba dichas normas.

   A través de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas quedaba nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación con el objetivo de "mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la subvención y ayuda a sectores y empresas con dificultades financieras", aducen las defensas.

   Por lo que se refiere a otro de los documentos reclamados, un informe de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de las ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por ERE, donde dicha funcionaria estableció un criterio "absolutamente coincidente" con los peritos de parte, cuyo informe rebate las conclusiones de la Intervención General.