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El juez de 'La Perla' fija para después del verano el interrogatorio de una docena de investigados
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El juez de 'La Perla' fija para después del verano el interrogatorio de una docena de investigados

Los hermanos Esgueva declararán el 23 de octubre y Rafael Delgado y Begoña Hernández el 30 de ese mismo mes, todos como investigados

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado de investigar un presunto delito de malversación en el proceso de adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', en Arroyo de la Encomienda, así como en el fallido polígono industrial de Portillo y el alquiler de sede de la Fundación ADEuropa en Bruselas, ha fijado para después del verano el interrogatorio de una docena de personas en calidad de investigadas.

Así se recoge en una providencia en la que se emplaza a los investigados, buena parte de ellos empresarios, a un nuevo turno de interrogatorios que comenzarán el día 11 de septiembre y concluirán el día 30 de octubre, fecha esta última en la que tendrán que 'desfilar' por la Sala de Vistas número 9 del Edificio de los Juzgados el que fuera secretario y viceconsejero de Economía y más tarde consejero delegado en Gesturcal, Rafael Delgado, y la ex viceconsejera de Economía y presidenta de Gesturcal, Begoña Hernández.

Abrirán esta nueva tanta de testificales, el 11 de septiembre, José Manuel Jiménez Blázquez, entre otros cargos, vocal del Consejo de Administración de ADE, y el empresario Luis Antonio Recio García, a los que seguirán el 18 de ese mismo mes los también industriales Luis Ángel Rodríguez Herrero y Fernando Mínguez Beltrán; el día 9 de octubre Ángel Román Montes López y Carlos González Maestro; el día 16 del mismo mes Luis María García Clérigo y Germán José Martín Giraldo, y el 23, también de octubre, los hermanos Alberto y Francisco Esgueva.

El primero de ellos fue entre 2003 y 2006 consejero delegado de Excal y director del área de creación de empresas, internacionalización y servicios de la Agencia de Inversiones y Servicios y figura también como investigado en la 'trama de las eólicas' que se sigue en Instrucción 4 y en el que figura como uno de los principales beneficiarios, con 47,1 millones de euros presuntamente obtenidos de forma ilícita.

Además de los interrogatorios, el juez César Gil Margareto, al que la Audiencia de Valladolid ha ordenado, de conformidad con la petición del PSCyL--personado como acusación popular-- y Fiscalía, incorporar a las investigaciones el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, incluye en su providencia el libramiento de oficios a la Administración regional y la mercantil belga Co-Luis--fue adquirida por Urban Proyecta--para que aporten justificantes sobre los pagos de esta última operación.

La última en declarar por esta causa, aunque en calidad de testigo, fue el pasado día 15 de mayo la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien negó estar al corriente de las operaciones objeto de investigación y sostuvo que ni siquiera sus más colaboradores directos, los entonces secretarios generales y el director general de Presupuestos, miembros a su vez del Consejo de Administración de Gesturcal, la informaron de las mismas.

La última novedad de la presente causa se produjo hace una semana cuando el juez instructor, a instancias de la Sección Cuarta de lo Penal, incorporó a las investigaciones el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas al considerar que existe una clara relación entre dicha operación y la compra de 'La Perla' y los 'actores' que participaron en ellas, en referencia, entre otros, al ex viceconsejero y ex secretario de Economía, Rafael Delgado, y a responsables de Urban Proyecta PM3.

En concreto, las acusaciones vinculan el alquiler y posterior compra del edificio de Arroyo, propiedad de Urban Proyecta PM3 S.L, a cargo de Gesturcal--sociedad adscrita a la Consejería de Economía y Empleo--el 19 de julio de 2016 y el contrato de arrendamiento, el 12 de diciembre de 2006, entre la sociedad belga CO-Louis--había sido adquirida por Urban Proyecta--y la Fundación ADEuropa, presidida por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, para ubicar las oficinas de dicha fundación en Bruselas.

"Tan sólo se trata de acreditar que la relación entre el investigado referido y las sociedades ya mencionadas, no son ocasionales, sino que parece existir una relación que comprende varias contrataciones, que comienzan en un periodo de tiempo similar, año 2006", incidía en su recurso la Fiscalía de Valladolid, que añadía que "la investigación patrimonial de Rafael Delgado ha puesto de manifiesto la existencia de operaciones, al menos inmobiliarias, a título particular, con alguno/s de los otros investigados relacionados tanto con Urban Proyecta como con alguna de las empresas que han intervenido en las ventas a otras sociedades de los terrenos de Portillo".
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