En junio del año pasado, el juez federal Sebastián Ramos había procesado y trabado un embargo a De Vido, quien fue ministro entre 2003 y 2015, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles", decisión que el ex funcionario del Ejecutivo Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner apeló y que la Cámara confirmó.
En su fallo, el camarista Eduardo Freiler califica de certeras las acusaciones del juez de primera instancia sobre la responsabilidad de De Vido en la compra "de material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional".
Freiler remarcó que existió "ineficiencia de las inspecciones realizadas sobre el material adquirido, desprolijidad de los controles en torno a la documentación exigida contractualmente y al cumplimiento del circuito de pago, y ausencia de un adecuado mecanismo para relevar la magnitud de las adquisiciones efectuadas y la necesidad de un eficiente procedimiento para el examen de las operaciones realizadas".
Por su parte, el camarista Leopoldo Bruglia sostuvo que tanto el ex ministro como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime "llevaron a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público", aceptando pagar "un precio descomunal por material rodante adquirido de una calidad evidentemente inferior a la del valor pagado".
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