Los organizadores explican que “El Poder Ejecutivo a través del DNU xenófobo 70/2017 estableció una política anti-inmigratoria e inconstitucional –modifica la Ley de Migraciones 25.871, Ley de Procedimiento Administrativo, Código Penal, Código Procesal Penal. Meses atrás creó el primer Centro de Detención Migrante en América Latina. Este Decreto estará complementado con la creación de una policía migratoria y un fuero judicial migratorio, y ello regimentará una justicia que responderá a una línea política oficial antiinmigratoria. Ello, en un contexto de ajuste que afectan a diferentes rubros de lxs trabajadores en todo el país, nos utilizan como “chivos expiatorios” culpándonos de las decisiones políticas y económicas”.
Agregan en su defensa que “Paramos, porque nos afirmamos como trabajadores que hemos migrado para ser parte del crecimiento de este país, porque migrar no es delito, es un derecho humano. Paramos, porque es falso el mensaje que instala el DNU criminalizando directamente a la migración con el delito, y estigmatizando a los migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos –según dichos de la Ministra Patricia Bullrich-, comunidades que enriquecen y aportan con su trabajo al resto de habitantes del suelo argentino”.
Por último indican que “en este escenario consideramos importante que se visibilice nuestro aporte a la economía nacional que lxs migrantes trabajadores hacemos -ya sea de manera formal o informal- y en rubros específicos en donde la participación de nuestra mano de obra es determinante. La crisis económica también la padecemos nosotros en tanto formamos parte de la dinámica económica y social de este país. Es por esto que tenemos la necesidad de plantear demandas y políticas en favor de los trabajadores de cada uno de esos sectores”.
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