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La Junta reclama más medios para la Inspección de Trabajo pero Báñez destaca el bajo fraude en CyL

La Junta reclama más medios para la Inspección de Trabajo pero Báñez destaca el bajo fraude en CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se dé más importancia a criterios no poblacionales y se primen otros como la dispersión territorial en el reparto de medios personales de la Inspección de Trabajo, ante lo que la ministra ha "tomado nota" a pesar de lo que ha destacado el bajo fraude de la Comunidad y la necesidad de actuar en "lugares donde es más necesario".

Herrera ha lanzado esta petición a la ministra en la reunión mantenida este miércoles en la sede de la Junta de Castilla y León, donde ambos dirigentes, acompañados por representantes de las dos administraciones, sindicatos y patronal, han firmado un convenio de colaboración para unificar las actuaciones Inspección de Trabajo en el conjunto del país.

En este foro el presidente de la Junta de Castilla y León ha recordado que en la Comunidad actualmente trabajan 64 inspectores, 64 subinspectores y 126 empleados de la Inspección dedicados a labores administrativas, a los que habrá que sumar a los largo de 2017 la incorporación de tres inspectores más.

A pesar de este "esfuerzo" reconocido por Herrera, éste ha considerado necesario que se tengan en cuenta otros criterios a la hora de repartir personal desde su apuesta por la "calidad" del servicio y las condiciones laborales de los profesionales, una premisa que ha ligado a la defensa de tener en cuenta criterios de dispersión, extensión y envejecimiento de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

"La realidad es muy diferente y la penosidad de los puestos de trabajo aumenta en una Comunidad dispersa, con nueve provincias y en la que los desplazamientos incrementan la necesidad de medios", ha defendido Herrera.

Ante esta reivindicación, la ministra de Empleo ha asegurado que "toma nota" de la petición lanzada por el presidente de la Junta, aunque ha insistido en que Castilla y León es una de las comunidades con menor número de incidencias, por lo que ha apuntado a la necesidad de destinar más medios en aquellas regiones donde es "más necesario".

No obstante, Fátima Báñez ha destacado que el Gobierno central trabaja en la rúbrica de convenios como el firmado este miércoles con Castilla y León para hacer de la Inspección de Trabajo "unidad de acción" en el conjunto del país, para lo que ya ha suscrito documentos similares con País Vasco y Cataluña, regiones con las trasferencias asumidas en esta materia.

"Es necesario establecer un plan de acción para lograr empleo de calidad", ha insistido la ministra, quien ha reseñado que "sumar más empleo de calidad" es la "máxima prioridad" de su área, para lo que se prevé intensificar la labor inspectora de lucha contra el fraude para alcanzar el objetivo de conseguir "más" empleo y "mejor".

De este modo, el presidente de la Junta ha recordado que a pesar de que Castilla y León carece de competencias en este sentido existe la figura de los técnicos de Seguridad y Salud Laboral, un total de 20 profesionales de la Comunidad, que apoyan las actuaciones de la Inspección de Trabajo en la región.

El acuerdo

Como ha destacado Herrera el acuerdo firmado da cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Junta en el V Plan de Prevención que forma parte de la II Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020, consensuada con los agentes económicos y sociales en enero de 2016. Estos compromisos buscaban adecuar los instrumentos de la Inspección a la nueva Ley estatal 'Ordenadora del Sistema e Inspección de Trabajo y Seguridad Social' y dotar a la Inspección de Trabajo de suficientes medios humanos y materiales para cumplir el V Plan de Prevención.

Así, el convenio fija los mecanismos de cooperación entre las dos administraciones, las facultades y funciones de la Autoridad Autonómica en materia de inspección, el establecimiento de los planes, programas y actuaciones de cada Administración, de manera que se complementen y actúen de forma única, así como los medios materiales y humanos necesarios.

Para ello, como ha destacado la ministra, se crea la Comisión Operativa Autonómica, que se constituirá en Castila y León e informará al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que estarán representadas todas las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

Como ha insistido Báñez esta Comisión será un órgano de cooperación y colaboración mutua de ambas administraciones que vigilará el cumplimiento de las normas en la Comunidad y la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta colaboración prevé también la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los temas relacionados con la Inspección de Trabajo, a través de los órganos de representación de carácter consultivo propios de Castilla y León.

En este sentido, la ministra ha destacado la cultura del Diálogo Social en la Comunidad y situó a Castilla y León como uno de los "motores" de la recuperación económica de España ante los datos que sitúan a la región como "líder" en los ratios de contratación indefinida.

Por último, el presidente de la Junta ha destacado que el acuerdo suscrito hoy será "extraordinariamente útil" para mejorar la "calidad del empleo".

Datos

Como consecuencia de la acción inspectora, desde el año 2012 se han transformado en indefinidos 13.500 contratos temporales (de ellos, casi 3.900 en 2016). También desde 2012, han aflorado más de 25.300 empleos sumergidos (de los cuales, más de 5.000 lo fueron en 2016).

El Programa de actuaciones de la Inspección para 2017, cuenta con cuatro áreas, dos de ellas competencia de la Comunidad, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales, y otras dos competencia del Estado; Seguridad Social y Economía Irregular. Para el presente ejercicio está previstas 42.428 actuaciones en estas materias, de las cuales 16.911 corresponden a las actuaciones que son competencia de la Junta de Castilla y León.

Se trata de actuaciones dirigidas a la protección y mejora de la calidad del empleo de los trabajadores en acciones para la erradicación del empleo sumergido o irregular, el control del fraude en la contratación temporal y en el contrato a tiempo parcial, o la firmeza en el control de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales con el objetivo de promover la seguridad y salud de los trabajadores.

En concreto se incrementa en un 19,9 por ciento las inspecciones de contratos laborales, un 7 por ciento las que corresponden a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y un 3,5 por ciento las que verificarán las condiciones de trabajo.


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