Según ha informado CEAQUA en un comunicado, la primera denuncia la interpondrá Isabel Cervera, familiar de Vicente Cervera Grau, capitán republicano de la Batería de Costa de San Felipe (Mahón, Menorca), fusilado el 9 de julio de 1942 para que se realice el correspondiente juicio a los responsables "que puedan quedar vivos o estén vinculados a esta causa".
La sobrina-nieta de Cervera pide al juzgado argentino que remita a las autoridades españolas que se libre una Comisión Rogatoria con toda la documentación existente en Madrid, Valencia y Barcelona sobre su familiar; la inhumación de los restos y extracción de muestras de AND.
Por otro lado, Ángel González García presentará una querella por su detención y las "imborrables torturas" que, según dice, sufrió durante 11 días, en la sede policial de la antigua Brigada Político-Social de Vía Layetana (Barcelona), y por su prisión, "sin juicio ni prueba alguna", durante dos años.
Su intención es que se identifiquen las personas que estaban "a cargo y de guardia" la noche de su detención y al jefe de la Brigada que dio "instrucciones" para su maltrato para que se dicte "la imputación, extradición y una orden internacional de detención".
CEAQUA asegura que este procedimiento continúa adelante "mal que le pese" a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. La máxima representante del Ministerio Público pidió a todas las Fiscalías que se opusiesen a la práctica del auxilio judicial invocado por la juez Servini en los distintos juzgados competentes repartidos por el territorio nacional.
El pasado 26 de septiembre, el Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la magistrada remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.
En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de Presidencia entre 1975 y 1976).
También quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.
El ex coordinador federal de Izquierda Unida Gerardo Iglesias declaró el pasado 4 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en el marco de la causa que instruye la juez argentina María Servini por crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Servini pidió en 2014 la extradición de varios exministros franquistas para el mismo objetivo, pero las autoridades españolas se opusieron a esto ya que consideraban que vulneraban "las normas internacionales que establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial los cometidos en su territorio", recordó la Coordinadora CEAQUA.
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