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Barrios espera la derogación definitiva de la reforma local y que se clarifiquen competencias de administraciones

Barrios espera la derogación definitiva de la reforma local y que se clarifiquen competencias de administraciones

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra varios preceptos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la llamada 'reforma local', demuestra que dicha norma "era irracional y, desde luego, nada sostenible desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia".

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento, Jiménez Barrios ha confiado en que en este nuevo tiempo político en España se

produzca la derogación definitiva de dicha ley, sin esperar a las sentencias del TC que aún se tienen que producir, y que se clarifiquen las competencias de las distintas administraciones, acompañadas de una financiación suficiente.

Ha indicado que la reforma local del PP respondía al "afán del Gobierno central de impulsar una reforma de la administración Local destinada a constreñir, limitar, dificultar hasta la extenuación, las capacidades de actuación de los municipios y sus facultades para autogobernarse". Por este motivo, ha defendido que el Gobierno andaluz siempre tuvo en mente "la necesidad de casar esa imperiosa sostenibilidad financiera con la garantía constitucional de la autonomía local".

El vicepresidente ha explicado que el Tribunal Constitucional, con su sentencia, ha frenado el intento de la ley de "dejar sin efecto todas y cada una de las atribuciones de competencias propias a los municipios por parte de las comunidades autónomas, asumidas estatutariamente en orden a su propia capacidad de autoorganización".

Ha valorado que el Tribunal Constitucional haya anulado las disposiciones transitorias 1ª a 3ª, que obligaban a las comunidades a recepcionar todas las competencias que eran propias de los municipios en materia de salud, servicios sociales e inspección sanitaria de alimentos.

Jiménez Barrios ha recordado que Andalucía aprobó un decreto "que protegía y permitía la continuidad por parte de los municipios en el ejercicio de competencias previstas como propias municipales en materia de educación, salud y servicios sociales".

Asimismo, el vicepresidente ha valorado que el Tribunal Constitucional establezca que el Estado no pueda nunca fijar, en la futura regulación del sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, los términos en que las comunidades autónomas deben asumir tales competencias.

Jiménez Barrios ha querido dejar claro además que el Gobierno andaluz defiende el papel asistencial que juegan las diputaciones al servicio de los pequeños municipios, lo que no quita que haya que plantear una modernización de dichas instituciones provinciales.

PP-A DENUNCIA "DEMAGOGIA"

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Mestre ha pedido no hacer "demagogia ni tergiversar la realidad" tras la sentencia del TC, que declara constitucionales 23 de 28 cuestiones recurridas. Ha señalado que las entidades locales cuentan actualmente con un régimen jurídico en vigor, que contempla reivindicaciones históricas del municipalismo, como que no se financiarán servicios que corresponden a las comunidades.

Ha denunciado que la Junta lleva años "salvando la cara" gracias a las competencias asumidas por las administraciones locales "sin pasarles un solo céntimo". Ha señalado que la reforma local ha venido a "arrojar luz" sobre la situación del municipalismo.

El parlamentario de Podemos Jesús Rodríguez ha considerado que la sentencia del TC abre un nuevo momento político que debe pasar por la búsqueda de un consenso entre todas las fuerzas políticas sobre cómo construir el municipalismo. Ha señalado que hace falta una discusión sobre la competencias propias de la administración local y para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales.

La diputada de Ciudadanos (C's) Isabel Albás ha señalado que el TC, con su sentencia, una vez más desautotiza al grupo popular y al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que han "fracasado" en su intento de reducir la acción de los ayuntamientos. Ha indicado que, sin duda, las distintas administraciones necesitan aclarar sus competencias para evitar duplicidades.

La parlamentaria del PSOE-A Ángeles Férriz ha señalado que la reforma local, que ha sido recurrida por varias comunidades y por más de 3.000 ayuntamientos españoles, pretende "minar la autonomía municipal y acabar con la democracia local", al tiempo que abre las puertas a la privatización de servicios municipales.

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