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La Junta remitirá 'en breve' a la comisión de investigación de formación los expedientes originales

La Junta remitirá "en breve" a la comisión de investigación de formación los expedientes originales

miércoles 30 de marzo de 2016, 13:27h

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía va a remitir "en breve" a la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las presuntas irregularidades en las ayudas a la formación la totalidad de los expedientes originales reclamados por este órgano.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (Ciudadanos), quien ha indicado que este "cambio de actitud" de la Junta se produce después de comunicarle al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, que barajaba la posibilidad de solicitarle amparo si continuaba la falta de colaboración por parte del Ejecutivo.

"Esta presión ha tenido mucho que ver", ha opinado el presidente de la comisión de investigación, quien ha explicado que en los próximos días, "con toda probabilidad", se va a crear una comisión para articular las medidas sobre el protocolo de traslado, custodia y consulta de la documentación original.

En dicha comisión, participarán el presidente del Parlamento, el presidente de la comisión de investigación, los letrados de la Cámara y algún representante del Gobierno andaluz, según ha explicado Díaz, quien ha celebrado que el Ejecutivo "deje de echar un pulso" al Parlamento.

Julio Díaz ha manifestado el "estupor" que le produjo el escrito del Gobierno que le llegó el 21 de este mes y en el que se le comunicaba, --en respuesta a uno suyo anterior reclamando nuevamente la documentación--, que no se iba a mandar más documentación a la comisión por "colisión entre los poderes ejecutivo y legislativo".

Para el presidente de este órgano, se trataba de un "comportamiento no razonable" por parte de la Junta, que le hizo preparar un escrito solicitando amparo al presidente de la Cámara. Si bien, ha explicado que actuó de manera "prudente" y antes de presentarlo formalmente le comunicó a Durán su intención.

"He ido dando pasos y he querido llegar al máximo de presión para que se cumpla un mandato imperativo de la comisión hacia el Gobierno", ha apuntado Julio Díaz, quien también quiso esperar antes de presentar la petición de amparo a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.

Según ha señalado, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, abrió la posibilidad tras la citada reunión de remitir a la comisión los expedientes originales. "Celebro que sea así y que la documentación venga como tuvo que venir", ha indicado el presidente de la comisión, quien ha considerado que no es hasta ahora cuando la administración autonómica colabora "al cien por cien".

EL GOBIERNO "NO HE ESTADO A LA ALTURA"

"El Gobierno no ha estado a la altura", ha afirmado Díaz, quien sobre el hecho de que los expedientes no lleguen digitalizados, ha dicho entender que es una tarea "ingente y complicada" que podría durar "años". Ha precisado que el traslado de la documentación en papel va a suponer la llegada de varios trailer "con millones de folios".

Junto a ello, el presidente de la comisión ha agradecido el trabajo realizado por los grupos hasta el momento, aunque también les ha reclamado "responsabilidad" y que, a partir de ahora, "hablen menos y trabajen más". También ha anunciado que las comparecencias que estaban programadas y que no han podido celebrarse por distintos motivos ya cuentan con una nueva fecha en el calendario de la comisión.

Así, el que fuera testigo protegido de la juez Mercedes Alaya, que no pudo comparecer al encontrarse indispuesto, ha sido citado a la comisión el 22 de abril; mientras, la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), María de la O Ustarán Muela, que no acudió argumentado que no firmó la notificación, comparecerá el 6 de mayo.

Finalmente, el empresario José Sivianes Sánchez, que está citado este próximo viernes, no podrá acudir y su comparecencia se ha trasladado al 26 de abril. Esta declaración se ha situado "de manera excepcional" en una semana en la que también se celebra Pleno del Parlamento, "dado el volumen de comparecientes que aún restan y para no desplazar el calendario".

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