La Sala VI del tribunal consideró admisible el cambio de competencia por la violación de la correspondencia invocada por Palmaghini, aunque dos de los jueces consideraron “plausible” un crimen y el tercero no descartó móviles económicos.
En su resolución de cuarenta y cinco carillas, el tribunal formuló además fuertes críticas a la investigación y resolvió denunciar ante el Consejo de la Magistratura al juez Manuel de Campos, que ingresó al departamento tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Nisman, el 18 de enero del 2015, y ante la Procuración a la fiscal Viviana Fein, que condujo la investigación durante once meses.
Para los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Julio Lucini “existen razones más que plausibles para poder dar crédito a la hipótesis de máxima que sugieren los acusadores, tanto públicos como privados, para suponer que la muerte de Alberto Natalio Nisman también pudo ser resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función”•
Pese a ello, admitieron que "contrariamente a lo que postulan las partes, resulta imposible con las actuales constancias del legajo, afirmar o descartar, con la certeza que todos reclaman, que la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman haya respondido a su decisión de quitarse la vida o a la intervención de terceros".
A su vez, el tercer camarista, Mario Filozof, criticó a la fiscalía al sostener que ”la premisa de investigación para el ministerio Público Fiscal fue sólo el suicidio (..) como un prejuicio que parece descartar cualquier otra posibilidad".
Al enumerar las cuatro posibilidades - “se suicidó, se quitó la vida asistido por un tercero, fue determinado a quitársela o ha sido víctima de homicidio”- considera posible el crimen vinculado a causales económicas.
Mencionas así la pesquisa “que ya posee trámite en el fuero de excepción sobre una abultada suma de dinero, bienes y su correspondiente origen, lo que tiene íntima vinculación con los servicios que prestaba Nisman", explicó el camarista en referencia a la causa por supuesto lavado de dinero que involucra a la madre de Nisman, Sara Garfunkel y al especialista en informática Diego Lagomarsino, entre otros.
Se trata de la cuenta abierta por el fiscal en un banco estadounidense donde se detectaron depósitos por 600.000 dólares, uno de ellos originado en el financista argentino Damián Stefanini, desaparecido misteriosamente en 2014.
Alude también al "probable relación del resultado con las delicadas funciones que el occiso cumplía en la causa AMIA” y sostiene en línea con las querellas que “sería imposible aislar el fallecimiento sin contemplar el servicio que prestaba Nisman y su dedicada, hasta obsesiva, compenetración en ello".
Los tres rechazaron que el cambio de fuero no puede adjudicarse exclusivamente a la violación de la correspondencia, como sostuvo la jueza al negarse a calificar la muerte de Nisman como un homicidio, tal como reclamaron las querellas.
“El objeto de la causa está fuera de discusión y resulta ser la determinación de bajo qué circunstancias perdió la vida Nisman y, la posible alteración de sus registros informáticos, no puede bajo ningún concepto, y de momento, desvincularse de este objeto", escribieron.
Los tres jueces compartieron un prolijo registro de las diferentes interpretaciones de las pericias, tanto sobre que Nisman se hallaba de pie y solo al momento de su muerte o por el contrario, arrodillado, como sostuvo la querella.
Dejaron constancia de que “tampoco existen parámetros certeros que conduzcan a afirmar o descartar que Nisman hubiera accionado el arma", ya que el hallazgo en sus manos de rastros “compatibles” con una deflagración no elimina la posibilidad de una contaminación ajena al disparo.
La coincidencia fue total al evaluar la primeras horas de la investigación como deficiente y criticaron fuertemente a la fiscal Fein dando crédito a la denuncia de las querellas de que se alteró la escena por la presencia en el departamento de casi cincuenta personas y el trato desaprensivo de algunas pruebas.
A partir de las críticas a la recolección de pruebas, los magistrados sugirieron la necesidad de crear una fuerza de investigación judicial -o policía judicial, según la jerga- para no repetir los errores en la instrucción.
La decisión de la jueza Palmaghini había sido apelada por la defensa de Diego Lagomarsino, el experto en informática que proporcionó el arma hallada junto al cuerpo sin vida del fiscal, quien podría apelar esta nueva decisión ante la Cámara de Casación Ordinaria.
Si (
No(
