El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha señalado que se está realizando "un estudio específico" para analizar todas las cuestiones planteadas sobre las agujas para el tratamiento de pacientes diabéticos en la provincia de Sevilla, después de que las asociaciones hayan mostrado su preocupación por la "mala calidad" de las mismas y hayan pedido al Servicio Andaluz de Salud su retirada.
Así ha respondido el consejero a un pregunta sobre atención a la diabetes formulada por la diputada del PP-A Ana Mestre, en la que ha recordado que existen en Andalucía dos planes integrales de diabetes y "está en proceso de cierre el tercer plan", toda vez que ha destacado que los resultados de evaluación del segundo "son buenos".
En este sentido, el consejero ha apuntado que "hay unos planteamientos claros y unas prioridades establecidas" que son "reducir la incidencia de la diabetes en Andalucía, así como su impacto, mejorar la calidad de vida, disminuir el riesgo de lesiones secundarias, adecuar la oferta de servicios a las necesidades de la población, seguir avanzando en el camino del conocimiento y la información, e invertir en formación de profesionales e investigación".
En este sentido, Alonso ha recordado que su departamento ha mantenido diversas reuniones con las asociaciones, en las que "han avanzado en muchas cosas", y ha querido dejar claro que el tema de la calidad de las agujas para diabéticos "solo se refiere a la provincia de Sevilla", donde "han sido adjudicadas mediante un concurso público", y donde "a los niños se están dando ya otras agujas".
Al respecto, la consejería ha recordado que, como es habitual antes de cualquier adjudicación pública, las empresas participantes deben cumplir una serie de requisitos de seguridad y calidad, además de otros requisitos legales y técnicos y que todas las empresas cuentan con la autorización correspondiente para la comercialización de sus productos en España. Antes de la firma del contrato, por parte de la comisión técnica que analiza los productos que se presentan a concurso se realiza una comprobación de los elementos de calidad y seguridad no pudiéndose constatar ninguna anomalía.
Además, y tras el estudio al que ha hecho referencia Alonso, su departamento señala que a partir de los resultados del mismo y "si se establecieran razones objetivas sobre dificultades en el manejo y sobre calidad, se tomarán las medidas oportunas para solventarlas; no pudiendo incumplir una adjudicación que se ha realizado con legalidad y transparencia sin datos contrastados desde la evidencia científica".
Por su parte, Mestre ha señala que es en Andalucía donde "más estragos" causa la diabetes, con casi un millón de afectados, al tiempo que ha recordado que el pasado octubre se debatió en el Parlamento una Proposición no de Ley (PNL) "haciéndose eco de las reivindicaciones de los diabéticos andaluces" y que "contó con el apoyo unánime de todo los grupos". Pero, sin embargo, "nunca más hemos sabido en qué está trabajando la consejería para que esta PNL sea una realidad", afirma.
"SOLO SE HA EJECUTADO UN 20% DEL SEGUNDO PLAN DE DIABETES"
Además, ha manifestado que los resultados del segundo plan "son buenos" porque "solo se ha ejecutado un 20% del mismo", al tiempo que ha criticado que los afectados "lleven un año reivindicando y negociando para que se cambien las agujas", y que pacientes adultos y niños lleven todo este tiempo "aguantando agujas no adecuadas, creando precariedad en su salud y padeciendo esos criterios economicistas".
Así, ha instado a Alonso "a hablar más claro con los afectados, que tiene en la puerta expectantes" --la Federación de diabéticos de Andalucía ha convocado este jueves en Sevilla una manifestación con final en el Parlamento andaluz--, que "necesitan información más específica y el apoyo verdadero del Gobierno andaluz y no demagogia y criterios economicistas".
Ante estas afirmaciones, Salud señala que "en ningún caso se han producido restricciones por motivos económicos en la atención a pacientes diabéticos", y que la asistencia a los mismos "está perfectamente definida y protocolizada", de forma que "se garantiza el acceso a todo el material que requieren estas personas para su tratamiento y autoanálisis".
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