El alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones ha calificado de "trámite administrativo" la providencia en la que el juez que investiga la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) pide a las Cortes "testimonio" de su acta de diputado nacional. Limones admite las "connotaciones" de esta decisión judicial, pero alega que "nunca" perteneció al consejo de administración de dicha empresa pública ni tiene "nada que ver" con los hechos investigados.
En declaraciones a Europa Press, Gutiérrez Limones ha manifestado que esta providencia del Juzgado mixto número dos de Alcalá, que ordena "librar oficio a las Cortes Generales, a fin de que a la mayor brevedad posible remitan testimonio del acta de diputado de Antonio Gutiérres Limones", constituye "un mero trámite administrativo, un tramite normal" que, no obstante y según él mismo reconoce, tiene unas "connotaciones políticas".
Expresando su "respeto" a la decisión del juez, el alcalde ha defendido que "nunca" perteneció al consejo de administración de ACM ni tiene "nada que ver con lo que ha sucedido con la gestión de esa empresa" e investigado por el juez. "Llevo más de 20 años como alcalde y nunca he tenido una imputación", ha esgrimido avisando de que en la mencionada providencia, el juez instructor "no habla de imputación".
Además, defiende que aunque el último atestado de la Guardia Civil sobre la investigación de la gestión de ACM le atribuye "responsabilidades" al haber manifestado el interventor del Ayuntamiento de Alcalá que le "comunicó" a él personalmente las incidencias detectadas en la empresa y que no habría puesto a disposición de este alto funcionario los "recursos" necesarios para actuar, media en el asunto un "certificado" en el que este habilitado nacional, según el alcalde, se retracta de dicha tesis.
Al respecto, ha defendido que él mismo, por "iniciativa" propia, envió "a la Cámara de Cuentas de Andalucía" las cuentas de ACM al tener conocimiento de "posibles irregularidades". Finalmente, se ha quejado de la "más absoluta indefensión" que sufre porque no cuenta con ninguna "notificación" oficial de las decisiones judiciales relacionadas con esta investigación, que trasciende públicamente "cada vez que hay elecciones". "Nos vamos a personar en la causa", ha dicho.
EL CASO ACM
Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo, con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.
Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la posterior investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde.
El asunto supuso la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado inicial de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial reflejaba la localización de facturas por valor de 976 euros cargadas a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia. Viajes El Corte Inglés, encargada de gestionar el viaje, habría facilitado a los agentes "documento por el cual se identifica nominalmente a Antonio Gutiérrez Limones, acompañado de una señora y dos niños menores", como las personas que se alojaron en el citado hotel.
El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay "pruebas" de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal y niega las acusaciones, toda vez que el más reciente de los atestados de la Policía Judicial de la Guardia Civil da cuenta de que ACM encargó a diferentes proveedores trabajos o suministros "sin presupuesto previo" e incluso "sin contrato", incurriendo en un "incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público" tanto por este extremo como por una presunta "fragmentación" intencionada de su facturación.
EL ÚLTIMO ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL
En el citado atestado, recogido por Europa Press, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social "enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento", el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde "de forma indeterminada", toda vez que la jurisprudencia "es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad".
En el caso de ACM, según la Policía Judicial de la Guardia Civil, "se amplió de forma indeterminada su objeto social" y "en multitud de ocasiones" esta empresa municipal era "una mera intermediaria entre el Ayuntamiento y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba".
"Todo ello (...) con la connivencia, visto bueno o dejadez de funciones de los órganos encargados de la ejecución, dirección o administración de ACM", opinan los investigadores, según los cuales al contemplar el objeto social "cuantas actividades o servicios coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de Alcalá de Guadaíra, fácilmente se podrá justificar el empleo de ACM para cualquier fin, es decir un comodín al servicio de quienes lo puedan manejar, que eran quienes tenían la mayoría en el pleno y en el Gobierno local".
EL PAPEL DE LIMONES
"Nunca debió ampliarse el artículo dos de los estatutos de ACM (relativo al objeto social) en los términos expresados, constituyendo su aprobación un acto irregular que facilitó la capacidad de maniobra de los administradores de la empresa pública para cometer los actos delictivos investigados, volviendo a tener Gutiérrez Limones un papel protagonista en esa ampliación de los estatutos, desde el momento en que esa medida fue aprobada por el órgano que presidía, es decir la junta general de ACM", resumen los investigadores.
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