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Considera que, en estos momentos, sería "prematura" la imputación en la causa de un alcalde y dos exregidores socialistas

La Junta reclama a la juez Núñez que evite imputaciones 'prematuras' en la causa de la formación
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La Junta reclama a la juez Núñez que evite imputaciones "prematuras" en la causa de la formación

viernes 27 de noviembre de 2015, 17:37h

La Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de las presuntas irregularidades en cursos de formación, ha reclamado a la juez María Núñez Bolaños que evite practicar imputaciones "prematuras" en este caso, ya que considera que hay que ser "extremadamente rigurosos" en cuanto a realizar imputaciones "que desgraciadamente llevan aparejada la comúnmente conocida 'pena de paseíllo'".

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pone de manifiesto que "no se puede ser ajeno al 'estigma social' que hoy conlleva toda imputación penal, en especial en causas como la presente de gran seguimiento mediático", a lo que se suma que "no se puede desconocer que, en esta causa, existen actualmente alrededor de 35 imputados judicialmente".

Al hilo de ello, precisa que muchos de estos imputados "aún hoy ni siquiera han sido citados para prestar declaración" ante la juez instructora, añadiendo que "nuevas imputaciones 'prematuras' supondría sobrecargar de nuevas diligencias judiciales la instrucción de una causa ya suficientemente saturada".

La Junta se ha pronunciado de este modo después de que Núñez le diera traslado del atestado en el que la Guardia Civil da cuenta de la imputación del alcalde de Hinojos (Huelva), Miguel Ángel Curiel (PSOE); de los exregidores de Mijas (Málaga) Antonio Sánchez (PSOE) y Aznalcázar (Sevilla) Dolores Escalona (PSOE), y de Cristina Guerrero Moreno como directora del Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía.

La Guardia Civil les tomó declaración como imputados por las irregularidades en la gestión y justificación de las subvenciones para la realización de acciones formativas por parte del Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (Ciomijas) y del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades).

La Junta dice que "no consta con suficientes elementos de juicio que nos permitan atribuir la comisión de hechos presumiblemente delictivos" a las cuatro personas citadas, señalando que, del atestado, "se colige que la UCO basa las imputaciones que realiza a dichas personas atendiendo exclusivamente al cargo que ocupaban en un determinado momento --vicepresidencia de los consorcios y dirección del Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía--".

POSIBLE PARTICIPACIÓN

Todo ello "sin concretar la posible participación que pudieron tener aquellas en los hechos objeto de investigación", como son las irregularidades en la actuación de tales consorcios, dice la Junta, que recuerda que, en su atestado, la UCO asegura, en relación con los vicepresidentes de estos consorcios, que "es por ello que debía tener conocimiento de cuantos datos y circunstancias conociera el presidente, pues es el segundo en responsabilidad del Consejo Rector, aunque de las manifestaciones tomadas se desprende que, probablemente, no participaron muy activamente en el consorcio".

"Toda imputación ha de estar basada en hechos y no en meras calificaciones jurídicas", asevera la Junta, que "no pone en duda la posible existencia de hechos presumiblemente delictivos", pero sin embargo "no considera que a día de hoy resulte acreditada ni siquiera indiciariamente la autoría y/o participación de las cuatro personas citadas" en el atestado, pues "la ostentación de un cargo por sí solo no tiene porque generar una responsabilidad de índole penal".

La Junta, por todo ello, entiende que sería "prematura" la imputación judicial de estas cuatro personas, de manera que reclama que la Guardia Civil amplíe su atestado con nuevas diligencias de investigación "encaminadas a conocer la concreta participación de esas u otras personas en los hechos presumiblemente delictivos relacionados con la actuación de los consorcios escuelas, en particular Formades y Ciomalaga, más allá de la mera ostentación de uno u otro cargo en esas instituciones".

La Guardia Civil tomó declaración a estas cuatro personas durante los días 15 y 16 de julio como presuntas autoras de los delitos de prevaricación y contra la Hacienda Pública --fraude de subvenciones--. Entre los imputados se encuentra Cristina Guerrero Moreno como directora del Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía.

EL ATESTADO DE LA UCO

La Guardia Civil explica que este último es un órgano de concertación social integrado por la Junta, CCOO-A, UGT-A y CEA, que "recibió 301.695,75 euros procedentes de las subvenciones de 2008 y 2009, a pesar de no tener ninguna relación jurídico administrativa con el Consorcio y por tanto no pudiendo ser receptor de ese dinero".

Por consiguiente, la UCO asevera que la directora de dicho organismo "recibió y utilizó fondos de formación que no le correspondían para llevar a cabo determinadas actividades en el Observatorio".

Respecto al exalcalde de Mijas, los agentes señalan que, como vicepresidente del Consejo General del Ciomijas entre 2007 y junio de 2011, "le corresponden las funciones del presidente en su ausencia, enfermedad o situación que le imposibilite", según el artículo 12 de los Estatutos del Ciomijas.

En este punto, añade que, "aunque la parte en la que participa el Ayuntamiento es minoritaria, pues se corresponde con el 20 por ciento frente al 80 de la Junta, ello no exime a su representante máximo de tener que cumplir con las funciones que por los Estatutos le vienen atribuidas", por lo que "debería tener conocimiento de cuantos datos y circunstancias conociera el presidente, pues es el segundo en responsabilidad del Consejo Rector y participa por lo tanto en las decisiones del mismo".

La UCO también analiza en el atestado los casos de Dolores Escalona, exalcaldesa de Aznalcázar y vicepresidenta del Consejo Rector de Formades entre enero de 2008 y octubre de 2010, y de Miguel Ángel Curiel, alcalde de Hinojos y vicepresidente del Consejo Rector de Formades desde octubre de 2011 hasta su disolución.

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