El PP-A, personado como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que anule el auto del pasado 17 de noviembre donde acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, incluyendo dentro de esta pieza a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 altos cargos.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación jurídica del PP-A pide a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que declare la nulidad y deje sin efecto dicha resolución o, de manera subsidiaria, que anule la frase 'Los hechos que resultan de la anterior pieza presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito continuado de prevaricación'.
El PP-A entiende que el auto recurrido "es nulo de pleno derecho por ser contrario" al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, "y es que para garantizar el derecho a la defensa de todas las partes en el proceso, tanto acusaciones como defensas", en la formación de las piezas separadas "deberán seguirse los criterios garantistas establecidos por el Ministerio Fiscal" en el caso ERE, "y que hasta la fecha han sido desoídos" por la instructora.
A su juicio, la decisión judicial de formar piezas separadas "debe exteriorizarse mediante resolución judicial en forma de auto motivado, dictado en las presentes diligencias previas, delimitando objetiva y subjetivamente, aún con carácter indiciario y provisional, el contenido de cada pieza", añadiendo que tal auto "debe contener un relato sucinto del hecho que se investiga y una relación de las personas sobre las que existen indicios de su participación" en los mismos.
PIEZA SEPARADA
El PP-A considera que, una vez hecho esto, la juez "procederá a delimitar qué testimonios de la causa principal deben incorporarse a la pieza separada, ya de manera digitalizada, ya de manera particular en soporte papel, debiendo comprender necesariamente los autos de imputación ya formulados y la declaración en tal calidad de aquellas personas presuntamente partícipes" de los hechos objeto de instrucción.
En este sentido, precisa que, una vez dictado el auto de formación de la pieza separada, "debe llevarse testimonio del mismo a la causa que se incoe para la pieza", donde "deberá tenerse de inicio, al tratarse de una pieza desgajada de la causa principal, por partes personadas a todas las demás acusaciones, tanto particular como popular, así como a aquellas personas delimitadas como imputados en el auto".
"En la medida que el auto impugnado no se adecua a la exigencia de legalidad procesal que ya ha exigido el Ministerio Público, la estimación del recurso ha de conllevar la revocación" del auto dictado el pasado 17 de noviembre, que también ha sido recurrido por la Fiscalía Anticorrupción por motivos técnicos.
"LIMITACIÓN ARTIFICIAL"
El PP-A asevera, asimismo, que el razonamiento jurídico del auto recurrido se inicia con la frase 'los hechos que resultan de la anterior pieza presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito continuado de prevaricación', y ello "a pesar de que en el único antecedente fáctico del auto se reconoce" que la causa de los ERE "se sigue por, entre otros, los delitos de prevaricación administrativa y malversación, delito éste último imputado a la mayoría" de las personas que se citan como responsables.
El PP-A opina que la "inconsistente" calificación de los hechos "que han de investigarse en las presentes diligencias como un solo tipo delictivo de prevaricación, a pesar que la mayoría de las personas a las que se atribuyen los hechos se encuentran ya imputadas por otros delitos y entre ellos el de malversación, supone una limitación artificial del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la defensa que asiste a esta acusación popular".
"Máxime cuando, como ocurre en este caso, no se atribuye a cada uno de los sujetos los hechos que inicialmente y a título indiciario le son atribuidos, por lo que resulta difícil deslindar si se formarán otras piezas donde se le atribuyan los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de malversación o cualquier otro de los que se han imputado previamente", ponen de manifiesto los 'populares'.
Por todo, y en caso de no apreciarse la nulidad de pleno derecho del auto, el PP-A solicita que, de manera subsidiaria, se reforme el auto eliminando la frase incluida en su razonamiento jurídico primero.
CONTRA 52 ALTOS CARGOS
La pasada semana, la juez acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación" por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de hasta 52 personas, entre ellas Chaves y Griñán, en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.
En el auto se señala que, de los hechos reseñados, pudieran ser penalmente responsables 52 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son, además de los expresidentes, los exconsejeros de la Junta José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.
Dentro de esta pieza separada, la magistrada incluye también a los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y Martín Soler, a varios exviceconsejeros y exresponsables del IFA-IDEA, a los que fueran miembros del Consejo Rector, entre ellos Braulio Medel, y al que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
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