La portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PP-A, Patricia Navarro, ha afirmado este lunes que "los incendios forestales en Andalucía no los provoca la Ley de Montes sino la ineficacia socialista".
En una nota de prensa, la popular ha acusado al PSOE y al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, de "manipular y mentir sobre la modificación de la Ley de Montes para tapar la responsabilidad de la Junta de Andalucía" en los incendios que está sufriendo la comunidad "por la falta de previsión y los continuos recortes en prevención de incendios y mantenimiento de los montes".
Navarro ha tildado de "irresponsable" la estrategia del consejero de "escudarse en falsedades para evitar dar explicaciones de los graves incendios que se están produciendo este verano en Andalucía".
Así las cosas, ha incidido en que "se trata de otra mala elección de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la formación de gobierno porque Fiscal no está dando la talla y ante su incapacidad para tomar la riendas de la gestión, ha optado por el camino fácil de la confrontación".
La dirigente popular ha defendido que su partido "se toma muy en serio la protección del patrimonio natural de Andalucía" y ha recordado al titular andaluz de Medio Ambiente que "no hay mejor negocio en los montes andaluces que protegerlos, mantenerlos y prevenir los incendios para que los vecinos de muchos municipios puedan seguir viviendo de la riqueza de su entorno forestal".
Ha explicado que "el monte proporciona la forma de vida y la principal fuente de ingresos de amplias zonas de la comunidad a través del turismo y la explotación de los recursos naturales".
Por todo, Navarro ha exigido al consejero "que deje de manipular el contenido de la Ley de Montes", ya que "nadie se podrá enriquecer ni especular con un monte quemado porque el cambio de uso se limita a terrenos públicos y el cambio de uso de terrenos forestales tras un incendio es una excepción cuando se demuestre suficientemente y con todas las garantías que un proyecto es de interés general".
Por último, ha insistido en que "los terrenos privados siguen sometidos en todo caso a la prohibición de cambio de uso durante 30 años, por lo que el consejero intenta crear una alarma injustificada para desviar la atención de su responsabilidad".
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