La Red de Protección a las Familias atiende a 150.000 personas en 2014, un 7,48% más

La Red de Protección a las Familias de Castilla y León ha atendido en un año a 150.000 personas, un 7,48 por ciento más que en 2013, y supera en un 50 por ciento sus previsiones de llegar a 100.000 personas a través de los 23 programas que la componen.   

Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, tras la constitución de la Sección de Servicios Sociales de responsabilidad pública, órgano consultivo dentro del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León --que incrementa sus miembros--, a cuyos miembros ha puesto de manifiesto que se ha llegado a unas 60.000 familias, 20.000 más de lo que inicialmente se había previsto.   

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha hecho un balance de la labor de esta Red, cuyo crecimiento ha atribuido al incremento de las prestaciones mediante este instrumento, las modificaciones en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el aumento de los programas de empleo, que también incluyen a beneficiarios y que ha asegurado que ya ha permitido que algunas personas salgan de situaciones que requerían atención.   

Para el funcionamiento de la Red, la Comunidad destinó en 2014 un total de 160 millones de euros, 21 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 15 por ciento. Marcos ha señalado que se ha dado "cumplida respuesta a las expectativas de la Red" y aunque considera que se está "en el buen camino" pero hay que "seguir insistiendo" e implantar programas con carácter "estable".   

De las personas atendidas a través de la Red, alrededor de un 20 por ciento han obtenido más de una prestación, 12.828 dos y otras 7.025 se han beneficiado de tres o más.   

Milagros Marcos ha asegurado que los indicadores señalan que la puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias ha contribuido a que la factura social, la "brecha" derivada de la crisis haya sido menor en Castilla y León que en el resto de España, como ha afirmado que se desprenden de las estadísticas del INE, los informes de Cáritas, Unicef o la red contra la pobreza.

Menos pobreza   

Estos informes apuntan a que la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido en la Comunidad tres puntos durante la crisis, que la carencia material severa ha descendido en dos puntos entre 2011 y 2013 o que los niveles de privación severa de los niños son inferiores a los de antes de la crisis. También, recuerda la Junta, estos datos indican que Castilla y León es una de las autonomías donde más se ha reducido el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión, 42.000 menos que en 2009.   
En este contexto, la consejera ha recordado que la Red se conforma en torno a varias líneas de actuación, la primera de ellas la de información y asesoramiento, a la que se accede a través del teléfono 012, que ha atendido desde la puesta en marcha de la Red 34.713 llamadas, de las que 23.089 fueron en 2014, el doble de las del año anterior (11.624). Así, el pasado año el teléfono atendió una media de 63 llamadas diarias.   

Además, más de 40.000 personas acudieron directamente a los centros de acción social (CEAS), que se complementan con el Servicio de valoración, asesoramiento, planificación de caso y seguimiento, que cuenta con profesionales de referencia y que durante 2014 atendió a 46.652 personas, un 22,7 por ciento más en relación a 2013 (38.020).   

Por otro lado, entre las prestaciones o mecanismos de atención de la Red se encuentra la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que desde su puesta en marcha en 2011, ha tenido 47.000 beneficiarios, con un gasto acumulado de 165 millones de euros. Durante 2014 el número de beneficiarios de esta prestación ha sido de 33.912, un 29 por ciento más que en 2013.   
Así, el gasto realizado en 2014 ascendió a 55 millones de euros, 8,5 más que el ejercicio anterior y una cantidad que duplica la presupuestada en 2011.   

Marcos, quien ha señalado que el 93 por ciento de las solicitudes estaban resueltas a 31 de diciembre, ha incidido en que los titulares de la prestación han percibido de media 540 euros. En cuanto al perfil, ha señalado que el 59 por ciento son mujeres y un 41 por ciento hombres, con un 31 por ciento de beneficiarios entre 36 y 45 años y entre 25 y 35 un 16 por ciento. El 63 por ciento viven en el medio urbano, el 60 por ciento tienen cargas familiares y un 13 por ciento son extranjeros.

Empleo como objetivo   

Además, la consejera ha recordado que el objetivo es que estas personas logren la inserción a través de un empleo y por ello ha destacado que 2.611 han logrado un empleo en 2014, un 15 por ciento más, por lo que no necesitan la prestación.   

En cuanto al Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio, ha atendido desde su creación a 3.382 familias (1.636 el pasado año, un 40 por ciento más que en 2013) y ha beneficiado a 9.500 personas. A todas ellas se les ha prestado asesoramiento y orientación y se ha negociado con su entidad financiera cuando ha sido preciso. A 804 familias, además, se les ha completado la atención con otras atenciones combinadas con diferentes servicios, en total 1.604 prestaciones.   
En concreto, de los 2.464 casos concluidos a 28 de febrero de este año, más del 91 por ciento se habían resuelto y, de ellos, en 1.281 no fue necesaria interlocución. En concreto, en el resto de casos en los que sí se produjo la citada interlocución con las entidades financieras con las que el deudor tenía suscrita su hipoteca, se llegó a acuerdos mediante reestructuraciones de la deuda (557), daciones en pago (104) u otras soluciones (386) como acuerdos de no lanzamiento.   

En el 14,1 por ciento de los casos (136) se cerró la interlocución antes de haberse concluido porque la situación de la familia mejoró y pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca, fundamentalmente por encontrar un empleo.   Por lo que se refiere al servicio de distribución coordinada de alimentos, durante el pasado año se atendió a 26.133 personas, aunque la consejera ha destacado que las llamadas urgentes al 012 por falta de alimentos se han reducido un 36 por ciento en el último año, hasta las 1.813. Además, Marcos ha recordado que la cantidad de comida que perciben los usuarios de este servicio en Castilla y León es de 130 kilos, superior a la media nacional y a la recomendación de la FAO.   

En cuanto a las ayudas de emergencia social, se han beneficiado 29.690 personas, un  28 por ciento más que en 2013, lo que supuso que el gasto realizado en esta prestación se incrementara en un 52 por ciento y pasara de 5 a 7,6 millones de euros. En concreto, 8.272 personas recibieron en 2014 ayudas para necesidades alimenticias, 22.289 para cubrir gastos destinados a la vivienda (sobre todo cuotas hipotecarias y alquileres) y 7.699 personas se beneficiaron de las ayudas para sufragar la pobreza energética.   

A todo este tipo de prestaciones, se suman las acciones dirigidas al empleo, con programas para el impulso de la contratación de las personas más vulnerables, que atendió a 21.780 personas y supuso un gasto de 54 millones, un 25 por ciento más que en 2013.   

Por otro lado, las cláusulas sociales se incorporaron en el 71 por ciento de los procedimientos de contratación pública de la Junta y se rubricaron convenios con 70 empresas para que los perceptores de Renta Garantizada puedan participar en procesos de selección de personal. Asimismo, en el marco del Plan de Estímulos al Crecimiento y al Empleo, reservan plazas para personas con exclusión social.