Condenados pero no ajusticiados por la ley Gallardón

Cuando en otoño de 2011 leí la última reforma procesal de Zapatero, me sorprendió que un gobierno en las últimas pudiera ser tan insensible a los problemas ciudadanos. En lugar de procurar un modelo de Tutela Judicial que fuese de una vez Efectiva,  se metió un tijeretazo más al acceso de los ciudadanos a la Justicia.  Desde aquello hace  falta jugarse más de 600.000 € para llegar al Supremo. Y los fallos de asuntos por debajo de 3000 € se han convertido en  inapelables en el país de los Jueces sustitutos.  ZP contribuyó así a cargarse un sistema de Garantías para parecernos más a los peores países de Europa en materia Judicial. Aún así no era nada nuevo en un largo historial de gobiernos y ministros empeñados en el arte de la zancadilla procesal.

Muchos pensamos que el PP cambiaría las cosas. Lo que nunca imaginamos fue que las cambiaría a peor. Lo viene haciendo ya en demasiados ámbitos abusando de la paciencia y la esperanza de la ciudadanía, que sigue sin ver contrapartidas ni cirugías en el sobredimensionado sistema de altos cargos de libre designación, administraciones duplicadas y oficinas inútiles.  Ahora le toca a la Justicia, pero nuevamente se exige primero el esfuerzo del pueblo.  Recuerdo que un psiquiatra me dijo en una ocasión que Gallardón rimaba con Garzón: "créeme, les importa un bledo los problemas de la gente. Lo que hacen sólo lo puede  explicar un Trastorno Narcisista de la Personalidad.  Viven para  mirarse al espejo". No quise creerle, pero el caso es que la ley se ha promulgado tras hacer oídos sordos a toda la oposición y a  la gran mayoría de juristas y particulares de cualquier signo político. 
 
Desde 2002 ha sido muy molesto tener que consignar 25 o 50 € por cualquier recurso, soportar tasas para grandes cuantías y observar al Constitucional bendecirlo a medias, diciendo que como la tasas sólo afectaban a grandes empresas que se lo pueden desgravar, no se llegaba en realidad a restringirse el libre acceso a la Justicia. Al menos la Sentencia daba a entender que por los pelos se admitía el engendro, y que no se iba a tolerar que la cosa fuese a más. Así que es verdaderamente irritante leer la Exposición de Motivos de la Ley Gallardón enarbolando esa misma sentencia para "profundizar" (sic) en esto de las tasas.  Veremos lo que tarda el TC en pronunciarse ahora.  Parece que Gallardón ha entendido mal la boutade de Pascual Sala y ha terminado identificando a la Justicia con  la Gallina de los Huevos de Oro.  
 
Al cabo el ministro ha dicho que la causa de todo es que hay que descongestionar los tribunales. Nada de esto dice la Exposición de Motivos, que comienza con la tomadura de pelo sobre la STC y termina diciendo que se trata de un servicio público que hay que pagar, pues se trata de  "un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella".  Tal cosa sería cierta si la Justicia, además de dictar sentencias, se ocupara de que se cumplieran. Pero no lo es. 

Uno de los problemas más serios de la crisis es que aquí no paga nadie.  España ha dejado ser rentable para trabajar, pero sigue siéndolo para los defraudadores y es alarmante número de extranjeros que vienen solo a delinquir. En eso tienen mucho que ver nuestras leyes. Desde mucho antes que la burbuja estallara,  a nadie que no fuera un pardillo se le ocurría recoger una letra de cambio, un cheque o un pagaré  como medio de pago. En 1995 desapareció el delito del cheque o letra en descubierto y la Letra de Cambio,  inventada en Medina del Campo hace quinientos años como garantía del tráfico mercantil y que todos los países del mundo copiaron, se fue convirtiendo en el timo del papel timbrado, por aquello de que la prisión por deudas es inconstitucional -a menos, eso sí, que la deuda sea con Hacienda. 

Nadie paga por lo civil,  ni por lo penal, ni por lo contencioso administrativo ni por lo Social. Hace ya mucho que también se aprobó aquello de las condenas penales negociadas, para regocijo de muchos Jueces, Fiscales y Abogados que así evitan estudiarse Juicios y trabajan menos. En el currículum de muchos delincuentes puede haber varias condenas en suspenso, pero aún no firmes, de modo que siempre que haya un resquicio para salir en libertad se negocia y acepta la condena. Y las víctimas que respiran primero aliviadas cuando se les dice que no va a haber Juicio porque el tipo en cuestión se ha declarado culpable, se asombran después cuando al minuto le ven en la calle,   condenado, pero no ajusticiado.

Por lo civil, por lo social y también en lo contencioso este es el país de las condenas declarativas. Se condena a tal o cual empresa, a tal o cual Administración o a tal o cual caradura que no cumplirá después la sentencia pagando como debería. En lugar de eso se obliga a  su víctima a una nueva demanda de ejecución, que a menudo se estrella con la pasividad absoluta -cuando no la picaresca más descarada- de bancos, empresas y administraciones, que con verdadera jactancia y a veces estupidez o desconocimiento enarbolan la protección de datos frente a órdenes judiciales, favoreciendo un alzamiento tras otro.  Esto cuando la empresa que no le pagó a Ud tal o cual deuda o simplemente su salario no se ha declarado ya en concurso o simplemente ha desaparecido, ahora que el FOGASA, en el ámbito laboral,  ya no paga casi nada. Al final, el particular se pregunta si le hubiera valido más pagar a una cuadrilla de matones que al abogado; pues queda defraudado, cansado de litigar y harto del sistema, del mal trago que ha tenido que pasar y de ver cada día por la calle al hijo de la Gran Bretaña que no le paga riéndose de la condena en sus narices. En lo contencioso, la cosa más o menos ha funcionado en la medida en que los propios Tribunales hacen requerimientos ejecutivos directamente. Pero torna un cariz  deprimente, cuando una vez fracasada la ejecución -tras un pleito de varios años- se ve uno obligado a tener que impugnar los presupuestos de tal o cual Ayuntamiento porque no se ha incluido la partida referente a la condena y empezar de nuevo.  

Verdaderamente Gallardón demuestra una vez más la larga distancia que hay entre los políticos y la realidad, así como la extraordinaria capacidad de su gobierno para resolver la crisis dando palos de ciego que siempre aciertan exclusivamente en la cabeza de la clase media. Esta distancia, después de más de cien años, vuelve a ser la que hay entre la España Oficial y la España Real. Pero en España y en Europa, siempre ha llegado un punto en que la realidad se ha terminado imponiendo importándole a la ciudadanía muy poco la oficialidad de  los políticos para hacerles recorrer, a veces  galopando, la distancia en cuestión. Cualquiera que quiera saber de los fraudes que se avecinan en la Justicia gratuita,  o del posible incremento en realizaciones arbitrarias del propio derecho, no tiene más que esperar. 

Dicen que la estabilidad democrática es al final cuestión de renta per cápita. ¿Quieren aprobarse tasas judiciales?  Penalícese a quienes obligan a los ciudadanos a acudir a los tribunales y no a sus víctimas. Oblíguese por ejemplo a cualquiera que se quiera oponer al pago de una deuda a su consignación previa, o a gestionar un aval bancario ante el Juzgado, y cóbrese una tasa. ¿Quiere hacerse a la Justicia rentable? Implíquese a los funcionarios  en los resultados de las ejecuciones, y cuando el cobro sea efectivo cóbrese un porcentaje. Miles de personas afectadas por sentencias incumplidas estarán de acuerdo y  lo agradecerán. Y Hacienda también.  La justicia dejará de ser  el refugio de toda clase de granujas, su prestigio crecerá y será respetada. Habrá menos pleitos y los inversores extranjeros dejarán de temer por uno factores de riesgo de nuestro sistema. 

La sociedad también dicta sus sentencias, y suele ser crudelísima con quienes no hacen lo que se espera de ellos.  Si Gallardón no consigue que la Justicia sea efectiva e insiste en convertirla en un pasatiempo para ricos con estas medidas  fáciles, estériles  e innecesarias, terminará  viendo en el espejo al peor ministro de Justicia de la Democracia. 

Daniel Muñoz Doyague. Abogado y Politólogo