El Diálogo Social acuerda proteger por Ley a personas vulnerables

El Consejo del Diálogo Social ha aprobado este viernes cinco acuerdos con el fin de crear más empleo y reforzar los derechos sociales, para lo que se ha suscrito el pacto entre Junta, patronal y sindicatos para proteger por ley la Red de Protección a personas vulnerables, al tiempo que se ha rubricado el Plan de Empleo 2017 que, dotado con 144,4 millones de euros, prevé crear 10.000 puestos de trabajo, el 50 por ciento directos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado estos cinco acuerdos con el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, y los secretarios regionales de CC.OO y UGT, Ángel Hernández y Faustino Temprano, ha rubricado estos cinco acuerdos que son el resultado de siete meses de negociaciones y que contarán con una dotación presupuestaria de 197,13 millones de euros.

Todos ellos han coincidido en destacar como uno de los acuerdos más relevantes el consenso en torno al anteproyecto de Ley de Ordenación y funcionamiento de la Red de Protección que incluye como novedad principal la elevación al rango de derecho subjetivo el servicio de provisión inmediata de alimentos y el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.

El anteproyecto se compone también como anexo de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin, como ha explicado Herrera, de contar con un único texto legal que se aprobará próximamente en el Consejo de Gobierno para ser remitido finalmente a las Cortes regionales para su debate.

En concreto, la Red de Protección atendió en 2016 a más de 180.000 personas, con una dotación presupuestaria superior a los 180 millones de euros, por lo que el presidente de la Junta ha destacado que, con el Acuerdo que hoy se firma, se pretende que esta Red deje de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un mecanismo "estable y ordinario" de atención a las personas vulnerables.

Otro de los acuerdos rubricados este viernes es el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017 contará con una dotación presupuestaria de 144,4 millones de euros, un 3,2 por ciento más que en el pasado ejercicio, y que prevé generar en torno a 10.000 nuevos puestos de trabajo, de los que el 50 por ciento serán directos.

Dentro de este Plan Anual se enmarca el Plan de Empleo Local, destinado a la contratación de desempleados a través de las entidades locales, y que en 2017 tendrá una dotación de 51,3 millones de euros, lo que incremento del 28 por ciento. Como novedad, este plan dará prioridad a los proyectos con mayor complementariedad de fondos por parte de las entidades locales, especialmente en relación con el sector turístico y los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, para lo que se establecen fórmulas para subvencionar más contratos conforme la entidad local asuma una participación presupuestaria.

Por último, como ha explicado el presidente, se mantiene la apuesta por un empleo de calidad --con carácter general, contratos a tiempo completo y por 6 meses-- y se especifica que las contrataciones han de realizarse en puestos no estructurales, pero con las mismas retribuciones que el personal de plantilla.

Por otra parte, el Plan de Empleo Joven contará con 41 millones de euros, lo que supone un incremento del 13 por ciento y como novedad destaca el aumento del tamaño de las empresas beneficiarias y la ampliación de la duración máxima de la ayuda por trabajador. Asimismo, está prevista la creación de una 'bolsa', dotada con 1 millón de euros, para supuestos extraordinarios de crisis por fuerza mayor

En este ámbito el Diálogo Social ha logrado consensuar a pesar de "controversias" reveladas por el secretario regional de CC.OO una línea de ayudas para trabajadores que tengan una reducción de jornada para el cuidado de hijos menores de 12 años cuya dotación total será de 700.000 euros y se convocarán este año.

Atención a la dependencia

Otro de los acuerdos suscritos este viernes es el relativo a la Ley de Dependencia con el objetivo de avanzar en la mejora del reconocimiento de derechos, para lo cual se reducirán de forma progresiva --a razón de un mes por año-- los plazos de tramitación de las solicitudes de dependencia -desde su presentación hasta el reconocimiento-, por debajo de los 6 meses que establece la normativa estatal. Así, serán 5 meses a partir de enero de 2018, hasta alcanzar un promedio de 3 meses.

En segundo lugar, el acuerdo pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Para ello, se ha acordado el contenido de la Orden reguladora de la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Además, se mejora la oferta de plazas residenciales públicas en el período 2017-2024, para lo que se ha acordado la reconversión de 419 plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a razón de 50 plazas anuales. El coste total estimado asciende a 20 millones de euros en el período 2017-2024.

Sobre Fomento los agentes del diálogo social han formalizado una serie de medidas como son las ayudas al alquiler y el impulso de la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, para lo que se suscribirá una adenda al 'Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016' en la que se establecerá una aportación de 5,6 millones de euros por parte de la Junta.

Con esta aportación en 2017 se realizará una convocatoria de ayudas al alquiler por un importe máximo de 14,7 millones de euros. Dichas ayudas se destinarán a personas y familias cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, sin umbral mínimo de ingresos, y subvencionarán hasta el 40 por ciento del importe mensual pagado en concepto de alquiler. Asimismo, en 2017 se convocarán ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas hasta un importe máximo de 9,4 millones de euros.

Por último, en materia educativa y sobre los alumnos universitarios se ha suscrito un acuerdo sobre el mantenimiento de las tres líneas de ayuda que conforman el sistema propio de Castilla y León para lo que se destina un crédito final de 2,75 millones de euros por curso durante la vigencia del acuerdo. Se estima que beneficiará a 2.900 alumnos cada curso.

Asimismo, se establece la recuperación del complemento autonómico de las becas Erasmus y el compromiso de mantener congeladas las conocidas como 'tasas universitarias' en las universidades públicas. A partir del curso 2018-2019, en función de las disponibilidades presupuestarias, y ligado al establecimiento de un nuevo sistema de financiación de las universidades públicas, el acuerdo prevé avanzar en la adecuación de dichas tasas a la media nacional.

En el ámbito escolar, el acuerdo extiende a todo su periodo de vigencia las condiciones del programa Madrugadores y se establece el compromiso de "revisar y flexibilizar" el programa 'Tardes en el Cole'.

Además, se ha acordado la puesta en común con los agentes económicos y sociales, con carácter previo a su puesta en marcha, de los programas de Garantía Juvenil gestionados por la Consejería de Educación, con un importe total (cofinanciado por el Fondo Social Europeo) en el período de vigencia del Acuerdo de 15 millones de euros.

Por último se ha rubricado un acuerdo para mejorar el funcionamiento y la participación en el Consejo Escolar de Castilla y León y, por último, el Diálogo Social se incluirá en el Curriculum Escolar "como elemento imprescindible en la cohesión social y como una parte de la historia y de la economía de Castilla y León".